Arte, memoria y democratización. Notas a propósito del Proyecto de Ley General de Museos en Perú

Por Josimar Castilla

El viernes 11 de junio, el Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio de un dictamen de Proyecto de Ley General de Museos[1] (en adelante, PLGM), promovido desde la Comisión de Cultura. En general, se propone establecer un marco legal para regular las actividades museísticas llevadas a cabo por entidades públicas o privadas. Desde que se conoció la intención de promover esta ley, varios representantes del sector han mostrado su desacuerdo, sobre todo, ante lo establecido en el Título III, acerca de la potestad fiscalizadora y sancionadora de los museos y sus actividades por parte del Ministerio de Cultura y el Sistema Nacional de Control.

Entre la versión del texto sustitutorio y la propuesta original[2] (que se presentó el 9 de febrero de este año), se aprecian cambios importantes. Pero hay aspectos relativos a las sanciones con que se busca regular las actividades museísticas que, no obstante, aún resultan polémicos y preocupantes. Aunque no sea este el lugar para un análisis integral del PLGM, es importante llamar la atención sobre los aspectos mencionados, porque ameritan, por lo menos, una discusión pública más amplia en relación con el papel que atribuimos a las instituciones museísticas, así como a las actividades artísticas y culturales que promueven, en el contexto de la formación de la memoria histórica y de una ciudadanía democrática.

I

En el artículo 30 del PLGM, dedicado a las infracciones administrativas, se considera como infracciones muy graves las siguientes:

f) La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades que busquen tergiversar la verdad de los hechos o situaciones pasadas, con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía.

g) La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades relacionadas a una apología al terrorismo (alabanza, defensa o justificación).

Las sanciones van desde multas hasta la suspensión o retiro del Registro Nacional de Museos e Instituciones Museales. Por otra parte, en la Disposición Complementaria Final se lee:

Prohíbase la implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades relacionadas a la apología al terrorismo (alabanza, defensa o justificación) en el ámbito de los museos e instituciones museales.

Las exposiciones y/o la ejecución de actividades relacionadas a relatar, interpretar o recrear situaciones debidamente comprobadas en relación al terrorismo, son legales siempre y cuando tengan como fin el explicar e informar a la población sobre lo lesivo que fue la actividad terrorista en nuestro país, tanto en la vulneración de los derechos humanos, así como poner en riesgo el modelo democrático de la República del Perú.

Se trata de los únicos pasajes dedicados a la regulación y sanción de contenidos de muestras y exhibiciones en museos e instituciones culturales. No obstante, llaman la atención los criterios a partir de los cuales se pretende fiscalizar dichas actividades. Por ejemplo, si leemos el inciso f del artículo 30, ¿a qué “verdad de los hechos” se nos hace referencia? ¿De qué hechos o situaciones pasadas estamos hablando? ¿Se trata de cualquier hecho, de cualquier situación del pasado? De ser así, quizá no tendrían las artes mucho margen de acción. En todo caso, ¿cuáles son esos hechos que parecen guardar una relación esencial e intransigente con la memoria colectiva de la ciudadanía? Pero más aun, ¿qué cosa debemos considerar como una “modificación maliciosa” de la memoria colectiva, en el contexto de las intervenciones estéticas que caracterizan a las artes y las exhibiciones en museos y espacios similares?

Si ya para la reflexión filosófica y científica la verdad puede ser una cuestión muy difícil de abordar, puede resultar incluso más problemático hablar de “verdad” a propósito de prácticas y espacios donde la imaginación también puede expresarse en formas irónicas, que no se supeditan ―ni tienen por qué hacerlo― a los límites de la lógica o a la evidencia que atribuimos a los hechos. ¿Se ha reflexionado lo suficiente sobre la relación, no poco problemática, entre arte y verdad? Ahora bien, al margen de la especulación filosófica, y aun tratándose de incisos independientes, el problema de exigir respeto irrestricto a la “verdad de los hechos” parece tomar una forma más concreta cuando, en el inciso g del mencionado artículo, el PLGM hace mención del delito de apología del terrorismo. Algo semejante ocurre cuando, ya en la Disposición Complementaria Final, se condiciona la legalidad de las obras y exhibiciones que aborden temáticas relativas a la actividad terrorista en el país y sus efectos lesivos.

II

¿En el Perú hay un marco legislativo para regular y sancionar delitos de apología del terrorismo? Mientras las legislaciones contra el terrorismo han ido aumentando exponencialmente a nivel internacional tras los ataques del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York, en Perú las leyes contra este delito ya venían desarrollándose desde finales del siglo pasado. El delito de terrorismo está tipificado en el capítulo II del Título XIV del Código Penal y en el artículo 2 del Decreto Ley 25475. Es, precisamente, en el artículo 7 de este DL donde se determina la apología del terrorismo como un delito independiente[3]. Vale recordar que este artículo fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad aceptada por el Tribunal Constitucional en el año 2002 (caso Tineo Silva), debido a que, entre otras cosas, no describe con precisión qué se debe entender por apología[4]. Por otro lado, desde la modificación del artículo 316 del Código Penal en 2017[5], se ha hecho una distinción entre “Apología” en general y “Apología del delito de terrorismo” en particular, especificándose que esta consistiría en la “exaltación, justificación o enaltecimiento” de dicho delito o de su autor, siempre que este tenga una condena con sentencia firme. No obstante, como ha señalado el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, esta nueva normativa, aunque se propone una descripción más específica del delito, “conlleva una restricción muy grande a la libertad de expresión”, ya que se trataría, según se señala, de una medida desproporcional que restringe la libertad de la ciudadanía para emitir opiniones sobre el funcionamiento del Estado. Así, por ejemplo, la opinión crítica de una persona ante un sistema de justicia que eventualmente, pero sin contar con razones suficientes para ello, determinara cierta conducta como punible por terrorismo, podría ser considerada como una opinión que pretende justificar dicha conducta y que, por tanto, debiera ser castigada por apologética[6].

Todas estas modificaciones en la ley responden a que, por lo menos hasta hoy, no parece haber suficiente claridad o un consenso jurídico nacional e internacional sobre qué es apología del terrorismo o qué clase de conductas y acciones corresponden a este delito. Aunque estas líneas no pretenden ningún análisis jurídico al respecto, es pertinente mostrar que ya hay un marco legal para regular el delito de apología del terrorismo (aun con la discusión que pueda haber sobre su tipificación y aplicación). De modo que no queda claro por qué el PLGM incluye y se complica con esta problemática punitiva, cuando pudiera concentrarse en proponer medidas para reforzar la institucionalidad de los museos a nivel nacional, para que sirvan como espacios en los que la memoria colectiva se articule no solo en función de las narrativas oficializadas, sino a partir de la confluencia y el intercambio libre de trabajos, testimonios e investigaciones de tipo artístico, histórico y cultural.

Al respecto, como ha señalado Pedro Pablo Alayza[7], vale recordar que los museos en el Perú se rigen por el marco ético estipulado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) de la UNESCO, del cual nuestro país es signatario. Entre los documentos del ICOM que establecen las normas para la comunidad museística mundial, vale destacar el Estatuto Internacional de Museos Conmemorativos, cuyo primer punto señala que:

Una cultura conmemorativa conjunta no puede y no debe ser dictada por decreto. Debido a la gran diversidad de experiencias históricas, los museos dedicados a la memoria deben aceptar la coexistencia de diferentes imperativos conmemorativos que se dirigen a culturas conmemorativas pluralistas. Las instituciones deben estar diseñadas para fomentar la cooperación en lugar de la competencia, la cual puede llevar a una lucha por la dominación[8].

En ese sentido, podría decirse que lo dicho en la Disposición Complementaria del PLGM incurre en un problema a propósito de los conceptos de historia y verdad que exige respetar. Si se dice, por ejemplo, en el contexto de lo que pretende ser una ley, que la “verdad de los hechos” es que el terrorismo fue la causa de la crisis del sistema democrático y de la vulneración de derechos humanos en nuestro país, se corre el riesgo de juzgar la verdad histórica desde una perspectiva no incorrecta, pero aún parcializada. Es innegable la responsabilidad de los grupos terroristas en crímenes atroces e injustificables contra la población peruana; no obstante, hay que entender la problemática de la violencia sufrida por el país entre los años 80 y 90 en el marco del Conflicto Interno Armado. Aunque siempre será justo denunciar las crueldades y los crímenes de los grupos terroristas, no se puede caer en la interpretación que dice que solo fueron estos, exclusivamente, los responsables de la tragedia nacional, sino que se debe reconocer también la responsabilidad del Estado, de sus agentes políticos y militares, a la luz de las investigaciones realizadas y los testimonios de los principales afectados por la violencia. De lo contrario, se corre el peligro de comprender lo sucedido de manera unilateral e insuficiente. ¿O es que todavía se trata de un tema incómodo, que es mejor no tratar y no recordar? Tal vez sea así, teniendo en cuenta el número de obras que han sido censuradas, desde el año 2000 en adelante, bajo la acusación de tergiversar la verdad o de hacer apología del terrorismo al haber hecho visible la violencia cometida por el Estado[9]. Esto resulta más preocupante si se tiene en cuenta el aumento inescrupuloso de campañas y discursos de “terruqueo” en nuestro medio. En un momento en el que varias personas que trabajan en actividades artísticas y culturales están siendo objeto de diversas formas de persecución y violencia, acusadas maliciosamente de favorecer el terrorismo debido a sus posiciones políticas, medidas de censura como las que propone el PLGM echan a perder el potencial de los espacios museísticos para la restauración de la vida democrática en nuestro país. Por el contrario, parece haber aquí una actitud paternalista que cabe cuestionar, en aras de emanciparnos de formas represivas de la ley que se agotan en decirnos qué y cómo debemos pensar y recordar lo que hemos vivido como nación.

III

Las versiones engañosas de la historia abundan. Tampoco escapan de ello las versiones institucionales, cuando responden al interés, la comodidad, la mala conciencia o el mero gusto de personas o grupos particulares. Una mejor forma de aproximarnos y ser partícipes de lo que podría concebirse como la verdad de la historia, de nuestra historia, es la crítica de las versiones que hemos aceptado (o que buscan imponerse) como verdades fijas. Para ello es importante la confrontación con versiones que con justicia insisten sobre los aspectos más trágicos de nuestra realidad histórica, que muchas veces nos resistimos a ver y a aceptar como acciones que efectivamente ocurrieron, pero que también debemos saber recordar.

Hablar de memoria colectiva en Perú, sobre todo en relación con nuestras experiencias de violencia, es asunto serio y muy doloroso todavía. Pero debido a su importancia para la formación de la identidad y la ciudadanía, y en el marco de las exigencias de reconciliación nacional, vale decir que la memoria colectiva es una actividad que trasciende la rigidez de los límites institucionales. No tiene autor, se nutre de relatos y discursos a veces dispares, porque se construyen y se narran desde posiciones que pueden ser también radicalmente diferentes. Dicha memoria es, en ese sentido, una suerte de patrimonio común: un saber que es de todos y no es de nadie ―esto es, un saber que, si no es de todos, no es realmente de nadie. Si la memoria colectiva es la acción conjunta por la cual un pueblo se asegura el recuerdo de su pasado, para ganar una identidad en el presente y proyectar una vida hacia futuro, resulta claro que se arruina cuando es impuesta en la forma de una versión oficial, acabada, que debiéramos acatar al margen de toda discusión pública. Con ello, por el contrario, se corre el riesgo de convertir la historia en una imagen ideológica, dogmática y autoritaria sobre lo ocurrido a la nación en su conjunto; el riesgo de atentar contra la memoria de un país que ha creado muchas formas y muchas lenguas para expresar sus historias. Tal vez debiéramos concebir la memoria colectiva como una viva y abierta reconstrucción de la historia; con ello, a su vez, las instituciones museísticas deberían pensarse como espacios que deben promoverla, no prohibirla o coaccionarla a visiones particulares.

La memoria colectiva no está constituida de la sola retención de “hechos”. Es memoria viva, pues responde también a necesidades creativas de distintas épocas y generaciones. Incluso es equívoco pensarla como “una” memoria, impuesta y regulada por alguna institución; pues que sea colectiva quiere decir que aúna muchas voces, distintas versiones y tonalidades que buscan representar, conmemorar o recordar lo ocurrido. En ese sentido, sería bueno aceptar que la memoria vive entre contradicciones radicales y que, consiguientemente, las versiones particulares de la historia ―las que un autor publica en un libro o las que un proyecto artístico instala en un museo― son resoluciones temporales, pero también necesarias, de esas tensiones inherentes a nuestra acción, nuestra conciencia y nuestra memoria.

La vida de esa memoria está también en las conversaciones y las discusiones que, una y otra vez, podemos reavivar con ocasión de una obra o una exposición. En ese sentido, podría decirse que las muestras museísticas, las expresiones artísticas y culturales que tematizan cuestiones históricas, como el Conflicto Interno Armado, son espacios de descubrimiento, donde lo que creíamos saber puede encontrar la ocasión de verse confrontado por las demandas de aquello que no conocíamos, pero que también posee una historia. Son espacios donde la verdad se nos revela sensible y emotivamente. La verdad no está en los hechos, sino en las revelaciones transformadoras de lo que creíamos saber. La censura contra los museos, contra lo que las obras y las exhibiciones pueden decir o no sobre lo ocurrido, priva la libertad de este necesario trabajo colectivo, priva la posibilidad de construir críticamente nuestra identidad como un pueblo que quiere ser más democrático.

Así, pues, el PLGM muestra en su propia propuesta problemas que urgen ser atendidos para bien del país, como la necesidad de reafirmar y defender la libertad no solo para opinar y hacer valer intereses personales, sino para pensar críticamente, sin que se nos reprima por ello, con el propósito de construir una memoria colectiva más democrática, más veraz, que se manifieste en historias, imágenes y expresiones culturales en las que no perdamos el deber imperativo de ser honestos con nosotros mismos, para poder afrontar solidaria y reflexivamente todas las heridas que, claramente, aún siguen abiertas. Una Ley General de Museos debería preocuparse por concebir y fortalecer las instituciones artísticas, culturales y museísticas como espacios acondicionados para el desarrollo de una libre imaginación creadora; espacios donde las interacciones humanas tomen la forma de experiencias estéticas orientadas a contribuir en la formación y el fortalecimiento de la libertad, la ciudadanía y la memoria histórica. Para ello, es necesario, además de un financiamiento adecuado por parte del Estado y entidades privadas, asegurar en dichos espacios condiciones para el diálogo abierto y la reflexión crítica. De esta manera puede reconocerse y justificarse la necesidad de dichos espacios para la sanidad de la vida democrática, la misma que, por el contrario, resulta vulnerada cuando se pretende limitar con una ley la creatividad y la reflexión, sancionando todo aquello que no se ajuste a una “verdad de los hechos” impuesta al margen del diálogo respetuoso, libre y solidario.


[1] Congreso de la República. (2021, 11 de junio). Texto sustitutorio del Proyecto de Ley General de Museos. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Texto_Sustitutorio/Proyectos_de_Ley/TS02456-20210611.pdf

[2] Congreso de la República. (2021, 9 de febrero). Proyecto de Ley 7060/2020-CR. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL07060-20210209.pdf

[3] Presidencia de la República. (1992, 5 de mayo). Decreto Ley 25475, “Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio”. https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/docs/terr_d_ley_25475.pdf

[4] Sentencia 010-2002. (2003, 3 de enero). Tribunal Constitucional. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html

[5] Congreso de la República. (2017, 23 de junio). Ley 30610, “Ley que modifica el artículo 316 e incorpora el artículo 316-A al Código Penal, tipificando el delito de apología del terrorismo”. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-316-e-incorpora-el-articulo-316-ley-n-30610-1545774-2/

[6] CELE. (2018). Tendencias en libertad de expresión en Perú. Universidad de Palermo. https://www.palermo.edu/cele/pdf/Libertad_de_expresion_en_Peru.pdf

[7] Escribano, P. (2021, 16 de junio). El congreso aprobó ley mordaza para museos. La República. https://larepublica.pe/cultural/2021/06/16/el-congreso-aprobo-ley-mordaza-para-museos/?ref=lre

[8] Estatuto Internacional de Museos Conmemorativos. https://www.holocaustremembrance.com/es/node/245

[9] Loarte, R. (2020). Memorias incómodas en la sociedad peruana de postconflicto. Censura y persecución en el arte por la memoria histórica entre los años 2000 a 2018. Revista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, (12), 191-211. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/28630

Créditos de la imagen: Edilberto Jiménez, Abuso de las mujeres en Chungui (fuente: http://jimenez.website/)

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