¿Estado de crisis, o crisis de Estado? Sobre democracia, poderes y resistencia en el bicentenario peruano

Por Rodrigo Maruy

Hace doscientos años nuestro país fue declarado libre e independiente. Hoy no festeja, sino que se arrastra sobre las ruinas de un presente maltrecho, quizás aún con algo de esperanza; no sin temor. Nuestro Perú recuerda todavía, pero la memoria es un cruento campo de batalla, donde impera quien miente, maquilla, reescribe, acapara, se achora, se burla y acusa: “¡Corrupta, narcotraficante, mafiosa, asesina!”, “¡Serrano ignorante, comunista, terruco!”. Nuestro Perú aún vive, pero a costa de quien realmente suda y sufre por su trabajo, mientras que de noche le mendigamos sobras mal distribuidas al mercado internacional, le rezamos a la virgen en la tarde, y de día; de día estamos bien orgullosos de nuestra comida y nuestro mérito, sobre todo de aquellas abstracciones macroeconómicas reconfortantes, esas que dicen que ya no es pobre el que gasta más de S/.12 al día. Y qué importa si nuestro acceso a la salud, a la educación, a la infraestructura, a condiciones laborales dignas, a una representación política decente y a un mínimo de seguridad social es paupérrimo, “mira cuánto se ha reducido la pobreza”[1].

No nos engañemos. Estamos sumidos realmente en un estado de crisis y en una crisis de Estado. No es un problema nuevo, pero sí uno urgente, de modo que cualquier propuesta de solución política hoy en día va a tener que lidiar, cuanto menos, con esta tensión. Una manera de exponer el problema es la siguiente: nuestro estado de crisis es fundamentalmente económico. Como país en crisis, necesitamos crecimiento y, en concreto, inversión por parte de capitales privados e internacionales; necesitamos eficiencia, necesitamos redistribución, necesitamos tecnología. Por otro lado, nuestra crisis de Estado es fundamentalmente política. Como país en crisis, necesitamos afirmar nuestra propia libertad y autonomía en oposición a nuestro pasado colonial, en oposición a los rezagos coloniales que aún perviven en nuestro presente maltrecho; necesitamos autodeterminarnos de manera soberana, ser autores de nuestras propias decisiones y definir conjuntamente aquello que el Perú mismo quiere y, en concreto, necesita. En medio de esta contienda electoral, la tensión se ha vuelto más aguda que nunca, hasta adquirir la forma de un dilema: ¿Castillo, o Fujimori?, ¿estado de crisis, o crisis de Estado?, ¿hacia dónde habremos de decantarnos?

Si uno quiere tomar una decisión razonable este 6 de junio y repensar las implicaciones de dicha decisión en adelante, será necesario aclarar primero qué es lo que está en juego aquí. No sin razón, hay quienes dicen que la democracia se encuentra en peligro inminente, salga quien salga. Porque un estado de crisis (económica) refuerza a fin de cuentas la dependencia unilateral respecto del capital privado y de los intereses particulares de sus inversionistas. Si la democracia significa en parte la realización de la soberanía popular, la dependencia económica unilateral es en verdad antidemocrática. Ahí donde un pueblo —un país— no se gobierna a sí mismo, sino que el capital privado impone y dispone a su antojo, ahí simplemente no hay democracia, sino “gobierno privado”[2]. Tal es nuestro estado de crisis. De manera análoga, una crisis (política) de Estado implica en este caso el establecimiento de un régimen autoritario o, para ser más preciso, despótico. Ahí donde quien gobierna antepone sus intereses personales y su propio arbitrio, en lugar de representar la voluntad popular o articular cooperativamente un proyecto colectivo que apunte hacia la realización del bien común, ahí tampoco hay democracia, sino despotismo[3]. Tal es nuestra crisis de Estado.

Ahora bien, la conclusión que se desprende de aquellas premisas, triviales para cualquiera que tenga un mínimo de conciencia acerca de nuestra realidad social, es que en el Perú no hay verdaderamente democracia. Es importante insistir en este punto: ni Castillo ni Fujimori amenazan con destruir a una nación que es en esencia libre y democrática. Más bien, tanto Castillo como Fujimori amenazan con radicalizar las crisis y contradicciones que desde ya o desde antaño atraviesan —constituyen— a nuestro país. Así pues, ¿qué hacer?, ¿crisis de Estado o estado de crisis?

I.        

Es un lugar común decir que, una vez más, nos vemos obligados a optar por el menor de los males. Más allá de delirios trasnochados que se aferran con pavor a nuestras peores facetas de finales del siglo XX, psicosociales mediáticos, noticias falsas y conspiraciones geopolíticas que buscan motivar —canalizar— tendenciosamente el miedo y nuestros instintos más primarios de supervivencia, conviene reconocer que ambas candidaturas no ofrecen en realidad garantía alguna a propósito de nuestras crisis, sino una doble amenaza.

Por supuesto, Castillo representa ante todo la agudización del estado de crisis económica. En vista de la innegable ineficiencia y corrupción que impera en nuestra burocracia pública, es casi seguro que darle mayor injerencia al Estado e incluso estatizar sectores estratégicos atentaría en principio contra el crecimiento económico, ocasionando un entorpecimiento generalizado en la producción; sin mencionar además las cuantiosas fugas de capitales que, estratégicamente, habrían de efectuar los grandes inversionistas privados en caso el gobierno decida imponerles condiciones fiscales más estrictas o, si se prefiere, justas. Ojo: todo esto no porque el Estado sea algo así como un mal intrínseco que debe ser erradicado de la faz de la tierra por decreto supremo de la Economía, sino porque el Estado peruano en particular necesita profundas reformas estructurales que permitan ante todo el desarrollo de una burocracia respetable y eficiente, la cual sea a su vez capaz de fomentar en el tiempo un mercado próspero y solidario[4]. Desde este ángulo, el plan de gobierno de Perú Libre amenaza a la Economía, amenaza a la Libertad. Sin embargo, tampoco hay garantía alguna de que el partido de Castillo no decida —intente— profundizar nuestra crisis política de Estado al caer en despotismo o, por implicación, en un régimen autoritario. Habré de retornar sobre este punto, pero por ahora seamos sinceros: para una parte considerable del electorado, el autoritarismo no es el mayor de los riesgos ni de los males posibles aquí, ya que en el Perú la mano dura se tolera e incluso se elogia siempre y cuando la economía —el chorreo— sigan para adelante. En el Perú, la obra justifica los medios; de modo que el gran temor aquí consiste más bien en que el autoritarismo genere o prolongue un estado de crisis económica.

Por otro lado, Fujimori representa sin duda la agudización de nuestra crisis política de Estado. La bancada fujimorista ha sido brutalmente sincera a este respecto: como no ganaron las elecciones presidenciales en el 2016, se dedicaron abiertamente a utilizar todos sus recursos para boicotear al gobierno de turno e imponer sus propios intereses, así haya sido —así sea— en detrimento del país, de la democracia y de las necesidades concretas de una población en estado de crisis. ¿Alguien sinceramente cree que si Fujimori gana, de repente va a abandonar su modus operandi, dejar de perseguir a toda costa sus fines privados y, casi por arte de magia, transformarse en una representante proactiva de la voluntad democrática? ¿Ella?, ¿la que se dormía cómodamente en el Congreso sin hacer nada por nosotros, mientras pagábamos su sueldo con nuestros impuestos, después de haber pagado ya por su costosa educación con la plata que su padre nos robó? ¿Ella?, ¿a la que le espera un juicio por 30 años de cárcel a razón de lavado de activos, y esto sin mencionar los innegables lazos de Fuerza Popular, su partido, con el narcotráfico? No nos engañemos a este respecto, o por lo menos no una vez más.

Y sin embargo, tampoco hay garantía de que con Keiko el estado de crisis económica de pronto vaya a resolverse. Como es sabido, la economía peruana depende en gran medida de la inversión extranjera y de la exportación, donde la minería y el agro son dos de los ejemplos clásicos que sirven para ilustrar este punto; pero también dependemos de la importación de tecnología e incluso de insumos que —sea por carencias en términos de calidad o de cantidad— somos incapaces de producir por nuestra cuenta. Ello se debe en parte a que nunca logramos desarrollar industria propia ni concretar transferencias de tecnología mediante políticas industriales que realmente aprovechen la inversión extranjera. En este sentido, es un hecho que nos encontramos a la merced de la constelación económica internacional, de sus crisis y de sus potencias. Por ejemplo, que la crisis financiera del 2008 no nos haya golpeado como se esperaría fue hasta cierto punto una cuestión de suerte: no hay ningún gran mérito en que China haya decidido afrontar dicha crisis con inversión pública masiva en infraestructura que, entre otros, terminó beneficiando a la minería peruana a través del mercado internacional. Asimismo, que la pandemia haya destruido nuestra economía tampoco se debe solamente a un manejo gubernamental que fue a todas luces penoso, caótico e improvisado, sino también al hecho de que el mercado internacional colapsó de nuevo, y esta vez no hubo China que nos salve. Así como cuando hay crisis económica dentro de un país los pobres son los que peor sufren, así también sufre nuestro Perú cuando el mundo capitalista se tropieza con sus propias contradicciones de manera periódica. De modo que si hay una crisis internacional, ¿y quién nos asegura que esto no va a ocurrir una vez más en los próximos 5 años o, peor aun, en todo el tiempo que Fujimori decida —intente— quedarse en el poder?, importa poco quién dirija al ejecutivo. Si hay crisis internacional, es casi seguro que el país y en particular los pobres, la clase media, y hasta los que se creen de la alta alcurnia pero con suerte clasifican como clase media-alta, van a sufrir. Vamos a sufrir.

Ante esta doble amenaza, ante un estado de crisis y una crisis de Estado, ante una economía precaria y una institucionalidad pública podrida, ante el dilema de Keiko o Castillo, ¿cómo resguardar lo poco que nos queda de aquella nuestra democracia?, ¿cómo resistir a tales crisis? Me encantaría poder ofrecer un catálogo de instrucciones que, de seguirse al pie de la letra, nos ofrezcan una solución segura a todos estos problemas. Por desgracia, no existen verdaderas soluciones técnicas para problemas de corte socio-político, ya que incluso un planteamiento apropiado y englobante de dichos problemas requiere de diálogo, confrontación, comunicación, consenso, disenso, acción, cooperación y solidaridad por parte de la ciudadanía y de su pluralidad de voces: en una palabra, incluso el planteamiento —la determinación— de nuestro problema en toda su complejidad requiere de democracia[5]. Lo que quisiera hacer entonces no es ofrecer un intento de solución tecnocrática que ocasione más líos de los que resuelva, sino más bien insistir de manera breve en un lineamiento fundamental que nos ayude a comprender y repensar cuanto menos las dimensiones de esta doble crisis en su relación con la democracia o, para ser sincero, con lo que aún nos queda de una democracia.

II.

Perú no es Corea del Norte, pero tampoco Noruega. En efecto, no es lo mismo criticar al régimen de turno públicamente y salir a protestar en Hong Kong, en Minsk o en Alepo que hacerlo en la plaza San Martín. Al mismo tiempo, no disponemos de canales institucionales de participación ciudadana como Suiza, ni contamos con una ciudadanía organizada y solidaria al nivel de Chile o de Kerala. En un país democrático, la élite política no se va a vacunar antes que el personal médico, ni la gente se va a morir suplicando oxígeno y atención en las puertas de sus propios hospitales; la policía no va a asesinar a dos estudiantes en una manifestación nacional, ni tampoco desplazar sistemáticamente a poblaciones marginales en favor de los intereses mineros. Y sin embargo, a pesar de todas sus carencias, el Estado peruano conserva todavía una estructura institucional que tiene un potencial democrático, a saber: la separación de poderes. Para abordar nuestro problema, vale la pena profundizar en este punto.

Thomas Hobbes, considerado por muchos como el padre de la filosofía política moderna, creía que la separación de poderes no garantizaba ni la paz ni la seguridad de los individuos, ya que a fin de cuentas dicha estructura institucional habría de perpetuar y reproducir la guerra de todos contra todos que el Estado moderno, en principio, debía superar. Por ende, un Estado dividido no estaría nunca a la altura de su concepto, es decir, no llegaría a ser un Estado propiamente dicho. Es muy curioso que hoy en día nuestra crisis de Estado se exprese en términos bastante similares: en la reciente guerra entre la bancada de Fuerza Popular y el ejecutivo, con censuras, renuncias, disolución, vacancias, marchas y hasta la controversia de un golpe de por medio; así como en las actuales tensiones entre el poder judicial y Fujimori, la actual candidata al ejecutivo, por no mencionar también la presión pública que hubo para remover la inmunidad parlamentaria y, finalmente, el actual debate en torno a la necesidad de reformar o incluso de cambiar la Constitución. Visto desde la perspectiva de Hobbes, el Estado peruano no sería efectivamente un Estado, sino una suerte de amalgama política que, por alguna extraña razón, sobrevive aún en medio del caos. El gran temor de Hobbes frente a la fragmentación del Estado era la amenaza siempre presente de caer en guerra civil. Nuestra cruda realidad es más bien una anomia generalizada que se refleja institucionalmente en corrupción y despotismo sistémicos.

Ahora bien, en el otro lado del espectro político liberal, muchos consideran a Montesquieu como el gran teórico de la separación de poderes, siendo esta un requisito constitutivo —constituyente— de toda República y, para nosotros, de toda democracia moderna. En realidad, el verdadero aporte de Montesquieu a la tradición política es más bien su énfasis en la necesidad de descentralizar el poder, esto es, la necesidad de que el poder sea limitado por el poder o, si se prefiere, de que el poder se limite a sí mismo[6]. Su gran temor no era tanto la irrupción de una guerra civil, como sí los abusos propios de un Estado absolutista, tiránico: despótico. Frente a tal riesgo es que surge la necesidad de una estructura institucional que pueda mantener un cierto equilibrio, armonía o tensión razonable entre los poderes del Estado. Para nosotros, quienes pertenecemos a un país donde no se respeta ni la Ley ni el Estado de derecho, y donde hablar de una “democracia deliberativa” suena menos a un proyecto político que a una fábula europea, un concepto que nos permitiría cristalizar adecuadamente esta dinámica indispensable de limitación recíproca y balance político entre los poderes del Estado es el concepto de resistencia. Para constituirse y mantenerse como tal, una democracia necesita resistencia: el Perú necesita resistencia. ¿Cómo resistir, pues, a la doble amenaza de un estado de crisis y de una crisis de Estado?, ¿cómo resistir a un posible gobierno de Castillo o de Fujimori?

III.

Ante todo, se sabe que la resistencia no es un mero fenómeno estatal, y ni siquiera uno que se restrinja de manera exclusiva a lo puramente institucional. Sin ir demasiado lejos, piénsese en el así llamado “cuarto poder” de una prensa comprometida no con el espectáculo, el escándalo, la difamación, la distorsión y las relaciones públicas populistas —el infame mermeleo—, sino con la verdadera praxis de la investigación periodística, con la divulgación de información de interés público, con el desarrollo de espacios de comunicación, diálogo, debate, deliberación y participación política. (Porque lo político no se agota, para nada, en el reino institucional del Estado[7]). Una prensa que esté a la altura de su ideal sería, por ende, un agente más de resistencia. Piénsese asimismo en las diversas formas de organización ciudadana que fomentan un sentido de reconocimiento mutuo y de empoderamiento democrático en el seno de la sociedad civil: piénsese en colectivos civiles, políticos, intelectuales, artísticos o incluso deportivos, en los colegios profesionales y en los comités científicos, en las asociaciones de trabajadores, en los grupos de consumidores o en las organizaciones no gubernamentales que contribuyen efectivamente con la formación de la opinión pública y promueven una cultura política solidaria[8]. Piénsese finalmente en aquellos movimientos sociales que, tanto en las calles como en las redes, ejercen su legítimo derecho de protesta, de libertad de expresión e incluso de desobediencia civil, cuyas acciones colectivas contribuyen de hecho a denunciar, a criticar, a reformar, a reestructurar, a desmantelar o a dinamizar —a democratizar— instituciones anquilosadas, disfuncionales: injustas[9]. Una ciudadanía responsable y proactiva puede llegar a ser, pues, un gran agente de resistencia.

De acuerdo, sé que es bastante inverosímil imaginar un Perú donde todos estos distintos mecanismos de resistencia, todos estos juegos de fuerzas democratizadoras, puedan comprometerse a largo plazo con el país y limitar de manera razonable al gobierno de turno, evitando tanto una lucha desahuciada entre poderes estatales polarizados, así como abusos sistemáticos por parte de un poder unitario, indiferenciado y despótico. Sí, todo eso es algo inverosímil, cándido e incluso utópico, pero por ello mismo no es inconcebible, ni muchos menos imposible. Argumentar lo contrario es pecar de pesimismo o, en su defecto, de una retórica ideológica que invoca la “ausencia de alternativas” frente al statu quo. Después de todo, en el Perú sobreviven aún vestigios y potenciales democráticos que, como bien se ha dicho, amenazan con extinguirse en el ocaso de nuestro bicentenario. La pregunta de interés es entonces la pregunta por el cómo, y aquí surgen nuevamente dos posibilidades.

Por un lado, Castillo representa el riesgo de una fragmentación caótica: un gobierno que no pasó el 20% en la primera vuelta de las presidenciales; un gobierno de izquierda contrapuesto a un Congreso que será en su mayoría de derecha, abiertamente conservador y de oposición; un gobierno cuyo presidente ha sido llamado “terrorista” de manera explícita por la gran prensa, sin mencionar aquel fantasma que recorre, implacable, las peores pesadillas de esta Europa que aquí nunca pudo ser; un gobierno cuyo plan atenta, al menos en papel y al menos en parte, contra los intereses dominantes de la clase empresarial y del gran capital privado, contra los intereses de quienes ostentan de facto el poder económico en este país y, por lo mismo, pueden ocasionar a gusto inflación, desempleo o recesión; un gobierno sin mayor apoyo por parte de una milicia corrupta y venida a menos; un gobierno en principio débil, heredero de un Estado en crisis y con poca capacidad de ejecución, muy a pesar de sus grandes palabras, pretensiones y promesas; un gobierno improvisado y precario, con la marea, la historia y la inercia del país en contra; un gobierno a fin de cuentas vulnerable ante intentos de vacancia o de golpe, pero al que a pesar de todo se le adjudica un aura —un estigma— de violencia, omnipotencia y brutalidad. Para Hobbes, el miedo a la guerra, a la barbarie, a la anarquía y al caos era la emoción crucial que cimentaba al Estado moderno y justificaba su dominación política. Para una parte importante del electorado peruano, Castillo representa ese miedo y mucho más: el miedo a la miseria, a la expropiación, a la hiperinflación, a Venezuela, a la dictadura, al terrorismo. En una palabra: Castillo representa el estado de crisis, y el riesgo perenne de caer en una crisis de Estado.

Por su parte, Fujimori encarna una vez más el riesgo de la unificación despótica: un gobierno en cuya sombra paterna yace aún la huella del autogolpe, de los diarios chicha, de los vladivideos, de la corrupción, de la corrupción, de la tortura, de la electricidad, de las ejecuciones a sangre fría, de los desaparecidos, de las esterilizaciones forzadas, del saqueo, del avión, de la renuncia por fax y de un largo, largo etcétera; un gobierno que no pasó del 15% en primera vuelta, pero que muy probablemente contará con las simpatías del Congreso, de la gran prensa y del gran capital, por no mencionar sus asociaciones con el narcotráfico y el riesgo patente de convertirnos —de terminar de convertirnos—, ahora sí, en un narcoestado; un gobierno que consagrará la inmunidad, el blindaje, la impunidad y hasta el indulto; un gobierno que se dedicará a seguir “flexibilizando” derechos laborales y políticas fiscales so pretexto de reactivar la economía —y la economía de quiénes en concreto, habría que preguntar—; un gobierno de mano dura, ajeno al diálogo con poblaciones marginales, ajeno a las luchas de nuestras diversas minorías, ajeno a los esfuerzos comunicativos de las protestas y de las manifestaciones ciudadanas que, casi con certeza, pasarán a ser criminalizadas, reprimidas: aplastadas. En una palabra: un gobierno que hará que Montesquieu, entre tantas otras personas, y entre tantas otras víctimas de la dictadura y del terrorismo de Estado, se revuelquen con dolor metafísico en sus tumbas o en sus fosas comunes. Fujimori representa la crisis de Estado, y el riesgo perenne de caer en un estado de crisis.

Es innegable que, salga quien salga, la ciudadanía tendrá también que salir de su letargo, de su indiferencia o de su comodidad, tendrá que involucrarse de cuerpo y alma en el porvenir de nuestra vida política, de nuestros asuntos públicos y de nuestro destino común. Sea la tendencia hacia una fragmentación caótica o hacia la unificación despótica aquello que acontezca en las urnas, la democracia dependerá —depende— ahora más que nunca de la acción, del compromiso, de la confrontación, de la organización, de la cooperación y de la resistencia ciudadana. Por ello, una pregunta fundamental que será necesario ponderar, discutir y repensar para este 6 de junio, y en adelante, es la pregunta por la articulación de una ciudadanía capaz de resistir, capaz de mantener viva a nuestra democracia. ¿Qué clase de gobierno será entonces más receptivo ante nuestras demandas, nuestras propuestas, nuestra participación y nuestras contribuciones a este proyecto común que llamamos Perú?, ¿qué clase de gobierno será, pues, más propenso a aceptar —a reconocer— que en una democracia toda la ciudadanía, y no la élite política, y no la élite económica, es en última instancia soberana?, ¿con qué clase de gobierno podremos finalmente trabajar, no necesariamente bien, pero al menos de mejor manera, de manera conjunta, entre confrontación y cooperación, limando fricciones hasta poder construir aunque sea un esbozo de aquellas armonías que se producen, que se edifican, que se constituyen, a veces, en medio de la tensión política? Si ambos gobiernos representan una doble amenaza, ¿contra qué gobierno tendremos mayor capacidad de resistencia? A doscientos años de haber sido declarados libres e independientes, nos vemos obligados a volver a elegir: ¿fragmentación caótica, o unificación despótica?, ¿estado de crisis, o crisis de Estado? Solo que esta vez, hay una diferencia crucial: esta vez, la elección está ciertamente en nuestras manos.

Agradecimientos:

Cualquiera de los aciertos teóricos que haya podido lograr este texto se debe casi en su totalidad a las enriquecedoras discusiones que he tenido en el marco del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica, razón por la cual me encuentro sumamente agradecido. Asimismo, agradezco tanto a Rodrigo Oliart como Nicolás Pazos por sus más que útiles comentarios y críticas, así hayan sido breves o tangeciales. Sobra decir que cualquier equivocación o cualquier desatino, sea en el contenido o sea en la forma, es responsabilidad exclusivamente mía.

Bibliografía

Abensour, M. (1997). La démocratie contre l’État: Marx et le moment machiavélien. Paris : Presses Universitaires de France.

Anderson, E. (2007). Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don’t Talk about It). Princeton: Princeton University Press

Celikates, R. (2016). Democratizing civil disobedience, Philosophy and Social Criticism, 42, 10, 982-994.

Foisneau, L. (2016). Hobbes: la vie inquiète. París: Folio.

Goyard-Fabre, S. (2010). Les trois pouvoirs et la démocratie: de Montesquieu au temps présent. Disponible en: https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2010/03/08/les-trois-pouvoirs-et-la-democratie-de-montesquieu-au-temps-present/

Honneth, A. (2011). Das Recht der Freiheit: Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Honneth, A. (2014). Freedom’s Right, trans. by J. Ganahl. Cambridge: Polity Press.

Jaeggi, R. (2014). Kritik von Lebensformen. Berlin: Suhrkamp Verlag

Kogge, W. & Wilhelmi, L. (2019). Despot und (orientalische) Despotie – Brüche im Konzept von Aristoteles bis Montesquieu, Saeculum, 69, 2, 305-341.

Maruy, R. (2019a). Tres dogmas del liberalismo económico. Metanoia, 4, S. 81-106.

Maruy, R. (2019b). ¿Adaptarnos al cambio? Apuntes en torno a la ausencia de alternativas frente a la crisis climática, Sílex: Ecología y Filosofía, 9, 2, 93-102.

Reinert, E. (2007). How Rich Countries Got Rich… and Why Poor Countries Stay Poor. London: Constable.

Streeck, W. (2017). Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. London: Verso.

Volk, Ch. (2018). On a radical democratic theory of political protest: potentials and shortcomings, Critical Review of International Social and Political Philosophy. DOI:  10.1080/13698230.2018.1555684


[1]    Cf. el informe técnico del INEI sobre la evolución de la pobreza monetaria (2008-2019), donde la línea de pobreza para el 2019 se define como S/. 352 per cápita mensuales (p.32). Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informe_pobreza2019.pdf. He ahondado en las limitaciones de un enfoque estrictamente monetario a la pobreza en Maruy (2019a). Solo para evitar confusiones, esto no es una crítica general a la estadística, cuya utilidad social es innegable, sino más bien a un uso unilateral de la estadística que pretenda simplificar o minimizar un problema a todas luces multidimensional, tal como lo es el de la pobreza.

[2]    Es importante enfatizar el concepto de unilateralidad, ya que la idea de fondo aquí no es condenar al comercio ni defender un ideal trasnochado de autarquía económica. En un mundo globalizado, que exista una interdependencia mutua entre países es prácticamente inevitable y, en principio, no tendría por qué haber nada de malo en ello. Más allá del impacto medioambiental, nadie en su sano juicio negaría los beneficios que el comercio internacional trae consigo. Sin embargo, el problema surge tan pronto como una interdependencia recíproca entre países se convierte —se trastoca— en dependencia unilateral. ¿Cuándo ocurre esto? En simple, cuando un país subdesarrollado no cuenta ni con industria ni con tecnología suficiente para abastecer la demanda de su mercado interno ni mucho menos para competir en tales sectores cruciales del mercado internacional, de modo que su estabilidad económica depende en gran medida del capital extranjero y, en particular, de las potencias económicas. Por supuesto, que una potencia económica decida invertir en o importar de un país subdesarrollado en específico depende a su vez de las condiciones fiscales o regulaciones laborales que dicho país literalmente ofrezca: puesto que los países subdesarrollados ostentan profundas carencias estructurales que en muchos casos se remontan aunque sea parcialmente a la historia del colonialismo y del imperialismo, tales países tienen que competir entre sí para atraer inversión extranjera. Lo que suele producirse entonces es una dinámica de desregulación fiscal y laboral, por no mencionar de corrupción. En tal sentido, los países subdesarrollados muchas veces ni siquiera pueden darse el lujo de establecer políticas industriales que garanticen cierto grado de transferencia de tecnología (como China supo hacer en su momento), ya que tales medidas ahuyentarían hoy en día a los inversionistas hacia otro país que, por así decirlo, no sea “tan” exigente. De este modo, la brecha se mantiene, y la dependencia unilateral no solo se mantiene, sino que se refuerza con el tiempo. Así pues, cuando un agente económico se encuentra en una posición de poder tal que es capaz de dictar condiciones de contrato de manera unilateral, esto es, sin que su contraparte pueda tener “voice”, sin que su contraparte pueda negociar o participar significativamente en la determinación de los términos del contrato, y su única alternativa accesible sea por ende el “exit”, entonces se está frente a una dinámica de “gobierno privado”. A propósito de este concepto en lo que respecta al mundo empresarial contemporáneo, cf. Anderson (2017). Sobre las dinámicas de dependencia unilateral y antidemocrática entre países, cf. Reinert (2007), Streeck (2014).

[3]    La historia del concepto de despotismo es bastante intrincada. Para mis propósitos bastará mencionar que, según Aristóteles, el despotismo (despoteia) no era una categoría política, es decir, no designaba el tipo de dominación política que un gobernante ejerce de manera pública sobre sus gobernados, siendo ambos en principio libres e iguales. Más bien, el despotismo designa un tipo de dominación privada que se establecía dentro del hogar (oikía, de donde se sabe que proviene el término economía). Por supuesto, en un hogar de la época había esclavos, que no son ni libres ni iguales a su amo, el déspota (despotês). En tal sentido, al referirme aquí al despotismo como forma política quiero enfatizar la idea de que un(a) déspota es quien ejerce un tipo de dominación unilateral sobre sus súbditos, donde lo que imperan son los intereses privados de quien gobierna y no los intereses públicos de quienes son gobernados, al tiempo que estos últimos no son ni libre ni iguales frente a sus gobernantes. A propósito de la historia del concepto de despotismo, cf. Kogge & Wilhelmi (2019).

[4]    Hay quienes consideran que un tipo de relación, diríase simbiótica, entre el Estado y el mercado es pura utopía, sobre todo para el caso del Perú. Ante ello cabría contestar que las utopías, como bien ha enfatizado Miguel Abensour, sirven de hecho en tanto dispositivos retóricos, los cuales son capaces de intervenir en el campo político y brindarle cierta orientación normativa, así como ampliar el margen de lo que se considera posible —concebible— para una sociedad determinada. En este sentido, las utopías confrontan la retórica ideológica de una “ausencia de alternativas” frente al sistema o, mejor dicho, frente a la manera en que el sistema “necesariamente” —supuestamente— ha de estar configurado para que la sociedad “funcione”. He abordado tangencialmente este problema en relación a la crisis climática en Maruy (2019b).

[5]    Esta es, a muy grandes rasgos, la forma en que Rahel Jaeggi (2014) se reapropia del argumento epistémico de John Dewey en favor de la democracia. A modo de aclaración, Dewey sostiene que mientras más perspectivas sean tomadas en cuenta para formular un problema, la formulación de dicho problema habrá de enriquecerse, y así también la capacidad de los actores sociales para plantear soluciones cooperativas que resulten más apropiadas y englobantes. La gran limitación de la tecnocracia suele ser justamente esta incapacidad de apertura epistémica respecto de los actores afectados por problemas sociales, sobre todo si son minorías o poblaciones vulnerables, razón por la cual se tiende a formular soluciones que a fin de cuentas son en sí mismas problemáticas y paternalistas: soluciones “para el pueblo, pero sin el pueblo”.

[6]    A propósito de esta lectura de Montesquieu, cf. Goyard-Fabre (2010).

[7]    A grandes rasgos, las teorías de la democracia radical sostienen incluso que la política o, para ser más preciso, lo político consiste justamente en la confrontación de la ciudadanía contra las estructuras institucionales de dominación estatal. Desde tales perspectivas centradas sobre todo en el carácter disruptivo de la acción colectiva, el Estado se muestra en realidad como un sistema estático y en esencia anti-político, mientras que lo verdaderamente político tendría que ser más bien dinámico, anti-estatal e incluso anti-institucional. El joven Karl Marx, Hannah Arendt, Miguel Abensour, Étienne Balibar, Jacques Rancière, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau e incluso Slavoj Zizek son solo algunos de los nombres que se asocian normalmente con tales teorías. Para una muy buena crítica que enfatiza tanto los logros como las insuficiencias o, si se prefiere, la unilateralidad de dichas posturas, cf. Volk (2018). La idea de fondo aquí es que la política no debe ser vista como un ejercicio puramente anti-institucional, sino considerar asimismo tanto el aspecto político —democrático— de lo institucional como de lo extra-institucional.

[8]    Ojo: no estoy diciendo aquí que todos y cada uno de los colectivos, asociaciones civiles u ONGs existentes son beneficiosos para la democracia: sabemos que no es el caso. Quiero enfatizar solamente que de hecho existen colectivos, asociaciones civiles y ONGs que lo son, así como el hecho de que hay un potencial cívico, democrático y normativo en las capacidades de acción y organización de la sociedad civil — entendiendo a este último concepto en sentido lato. Para una gran reconstrucción histórico-normativa de la esfera del consumo, del trabajo y de la formación democrática de la voluntad en los últimos dos siglos y en el marco del mundo occidental-europeo, cf. Honneth (2011/2014).

[9]    A propósito del concepto de desobediencia civil, cf. Celikates (2016).

Créditos de la imagen: CNN.

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