El alargado brazo de la crísis política peruana

Por Enrique Sotomayor Trelles

El Perú tiene una larga y compleja historia política. Lugar donde se desarrolló una cultura rica en manifestaciones de todo tipo, ha sido también sede de una turbulenta historia, antes incluso de la conquista española que dio inicio al periodo colonial. No obstante, adentrarse en la zigzagueante historia peruana excedería ampliamente las pretensiones de este ensayo, que más bien se restringe a identificar los principales factores que explican la actual crisis política por la que atraviesa el país. La explicación propuesta identifica cuatro factores que, conjugados, han producido un escenario de inestabilidad que no tiene visos de amainar.

El alargado brazo

Con el fin del periodo colonial, el Perú fue liderado por una élite de herencia hispana principalmente interesada en mantener y expandir sus privilegios. La amplia mayoría indígena que poblaba el país en sus primeros años republicanos fue siempre concebida como un lastre para el desarrollo entendido en términos de emulación europea, y, por ende, fue pensaba como una mayoría silenciosa cuyos derechos civiles y políticos debían ser postergados a tiempos en que su capacidad de discernimiento y su madurez de raciocinio estuviera consolidada. Así se forjaron los primeros proyectos políticos de la joven república —entre ellos el civilismo—, entre la añoranza por los años de la colonia y el deseo de lograr un desarrollo europeizado. Es decir, entre el retorno del pasado idílico y la utopía ucrónica.

En el marco de este desarrollo, el país se adentró en una serie de empresas extractivas cuyo antecedente colonial era la extracción de minerales de yacimientos andinos, principalmente del Alto Perú (un dato de mayor importancia es que durante algunas décadas, la hoy boliviana ciudad de Potosí se convirtió en el centro del bullente nuevo mundo americano, llena de migrantes europeos y lujos jamás conocidos en la aspereza de los andes, como recientemente ha mostrado con detalle Kris Lane (2019)). El patrón extractivo se instaló entonces en el ideario colectivo y desde entonces cada nuevo proyecto de modernización en el Perú parece recurrir a esta perdurable herencia colonial.

Minerales en la colonia, guano y caucho durante los inicios de la república hasta la Guerra del Pacífico, y minerales nuevamente durante los últimos años de auge económico. Todos estos procesos consolidaron la metáfora del Perú entendido como un “mendigo sentado en un banco de oro”, que —aunque de autoría atribuida a Antonio Raimondi— tantos intelectuales han propugnado desde los albores de la vida republicana. Pero, así como los recursos naturales y minerales del país han sustentado sucesivas empresas pioneras en búsqueda del dorado andino y amazónico, el abuso a poblaciones locales en su explotación, la corrupción e indolencia de funcionarios y burócratas estatales, y el anonimato de las silenciosas alturas y la amazonía ubérrima han llevado a lapidar comunidades y etnias, junto con sus formas de vida y costumbres comunales. El Perú fue sede de explotación de la población indígena, esclavitud y semiesclavitud, importación de migrantes chinos y africanos para trabajar en plantaciones azucareras, algodoneras y arroceras, y migraciones masivas a ciudades como Lima —que hoy concentra aproximadamente un tercio de la población del país—, escapando primero de la miseria y explotación en el ande, y luego del proceso de conflicto armado interno que se vivió desde inicios de la década de los ochenta.

A este primer rasgo constitutivo del desarrollo peruano —que llamaré, siguiendo la terminología de las ciencias sociales podríamos llamar extractivismo— se sumó una debilidad institucional forjada a punta de golpes de Estado, corrupción rampante, clasismo y racismo. Este coctel tóxico llevó al país a construirse sobre las bases de una enorme exclusión de derechos civiles y políticos, complementada por la incapacidad fáctica del ejercicio de otros muchos derechos liberales como el de propiedad. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX el país no emprendió un proceso a gran escala de reforma agraria, lo que explica que hasta entonces coexistieran formas capitalistas a pequeña escala de producción en enclaves costeros, junto con economías semifeudales en la sierra. La Reforma Agraria implementada durante el gobierno del general Velasco Alvarado incorporó a una precaria ciudadanía y al mundo a grandes masas de población hasta entonces inexistente en el ansiado proyecto republicano. E incluso los más bien discretos logros de la reforma son hoy cuestionados por un amplio sector del establishment político peruano.

No obstante, la Reforma Agraria y su visibilización del problema indígena —avizorado por socialistas como José Carlos Mariátegui, así como por los vanguardistas y escritores indigenistas desde enclaves culturales como Puno y Cusco— dejó al país sin respuesta frente a las demandas de un enorme sector de la población que hasta entonces solo era el trasfondo de un proyecto de desarrollo que apuntaba al primer mundo. Con el acceso a la arena pública —de forma incipiente, vale la pena agregar—, el país conoció de cerca su incapacidad para gestionar las demandas de su población mestiza e indígena. Luego vinieron las migraciones del campo a la ciudad (principalmente a Lima) y el conflicto con Sendero Luminoso, y el Perú pareció zozobrar en un nuevo escenario hasta entonces desconocido, adentrándose en las tinieblas históricas. Ningún partido ni líder político había previsto cómo abordar los nuevos problemas del país mestizo, más allá de proclamas programáticas y promesas nebulosas. La izquierda conoció un momento de ascenso y auge en este escenario, potenciado por su capacidad de movilización de confederaciones campesinas y agrarias en el campo, y sindicatos obreros y profesorales en la ciudad, pero pronto su dependencia de los discursos moscovitas y pequineses pudo más que su capacidad para pensar las contradicciones sociales peruanas sin dependencia de discursos preelaborados. Luego de su mayor logro electoral en Lima, con la elección de Alfonso Barrantes como alcalde entre 1984 y 1987, la Izquierda Unida —el mayor frente de izquierda de la época­— terminaría por afrontar una aguda crisis y acabaría fracturada.

La debilidad del establishment político peruano explica ciertas particularidades de la historia política desde el fin del gobierno de Velasco. El Perú se hizo la sede predilecta de liderazgos carismáticos cuyos figurines centrales fueron bautizados por el discurso de politólogos como outsiders (Levitsky y Cameron 2003): Ricardo Belmont primero, como alcalde de la bulliciosa y caótica Lima, y Fujimori después, como el presidente de discurso pragmático que llegó para postergar las aspiraciones de un aburguesado Mario Vargas Llosa, ¿en qué momento me jodieron, Zavalita? El país mestizo que se buscó tutelar hasta que lograra su mayoría de edad irrumpía ahora al centro de la vida política, optando por líderes carismáticos por fuera de planteamientos ideológicos rigurosos, así como por fuera del tradicional sistema partidario. Nunca se había expresado con tanta claridad en la arena política la diversidad social, cultural y económica del país.

El extractivismo y el desborde popular (la conocida expresión es de Matos Mar) y su presión sobre el sistema político configuran los dos extremos del alargado brazo de la historia para explicar parte de la crisis política que actualmente enfrenta el país. Pero hay otros dos elementos que escapan a tal tipo de planteamiento histórico, aunque se vinculan con ciertos patrones que tienen también larga data.

Los nuevos tiempos

El capital extranjero ha jugado un rol importante en la historia republicana del país. No obstante, los rasgos transnacionalizados de las operaciones contemporáneas resultan novedosos en la historia peruana. Desde grandes mineras e hidrocarburíferas que participan en proyectos con pequeño accionariado estatal, pasando por grupos empresariales que diversifican sus negocios entre el sector bancario, de bienes y servicios e incluso educativo, hasta llegar a grandes empresas constructoras encargadas de la ejecución de megaproyectos destinados a suplir la brecha de infraestructura del país, el Perú conoció la presión y poder de los grupos empresariales como no lo había hecho antes.

Tal vez el antecedente más prominente de este renovado poder e influencia empresarial sobre el accionar estatal involucre al fugaz expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El 13 de agosto de 1968 se firmaba la llamada “Acta de Talara”, mediante la cual la empresa International Petroleum Company (IPC) quedaba a cargo de la refinería de Talara. Con posterioridad se denunció la pérdida de la página 11 del contrato, en la cual se estipulaban condiciones extremadamente ventajosas para la empresa. Si bien esta fue una de las causas coyunturales para el Coup d´État militar de 1968, la práctica de influencia y arreglos bajo la mesa se extendió y acrecentó hasta nuestros días. En una vuelta de tuerca gráfica de ello, en 2016 Kuczynski obtuvo la presidencia por un estrecho margen en una competencia electoral contra Keiko Fujimori, hija de Alberto, el outsider que diez años después de su austera campaña política contra el poderoso Fredemo de Vargas Llosa se convertiría en el séptimo exlíder más corrupto de la historia.

La influencia y poder del capital transnacional explica en buena medida el devenir político del Perú desde el llamado “retorno a la democracia” post fujimorato. Y para eso no hay que pensar en titanes empresariales del primer mundo. Las empresas brasileñas Odebrecht y OAS gestionaron como nadie los riesgos asociados a un panorama político caótico. Antes un intermedio: Durand sostiene que el plan inicial de las élites económicas, cuando decidieron entrar a la arena política, no salió de acuerdo con lo esperado: Vargas Llosa llegó a las elecciones de 1990 como el candidato elegido, el portador del libre mercado, pero fue finalmente derrotado por un candidato desconocido, un ingeniero cuya silenciosa campaña tomó a todos por sorpresa. Empero de la experiencia de la derrota la élite empresarial aprendió mucho. La principal moraleja fue sonreír, conversar (que no es pactar, como decía Ramiro Prialé), colaborar y hacerse amigo de todos. Volvamos a la época de Odebrecht y OAS: entre los receptores de sobornos por obras y dinero para financiamiento de campañas se encuentran cuatro de los últimos presidentes del país: Alejandro Toledo (hoy en California a la espera de su extradición), Alan García (quien se suicidó cuando la policía llegaba a su domicilio para ejecutar una orden de detención preliminar), Ollanta Humala y nuevamente Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, se encuentra la ex alcaldesa de Lima y progresista Susana Villarán, quien financió una campaña en contra de su revocatoria con dinero proveniente de la hoy famosa “Caja 2” de operaciones estructuradas de Odebrecht; y Keiko Fujimori, cuyo partido mantuvo hasta el 2019 una poderosa mayoría en el parlamento. Creo que es correcto acuñar para todo este proceso el término “gestión de riesgo político”. Odebrecht actuó con el espíritu pragmático de quien tiene como máximo imperativo maximizar las ganancias, y entonces se acercó, asesoró y financió a candidatos repartidos a lo largo y ancho de todo el ilusorio espectro ideológico peruano. Cuando la probabilidad de ocurrencia es alta y las consecuencias mayores, toda matriz de riesgos aconseja actuar y prever escenarios, curso básico de gestión aplicada a las relaciones entre la actividad empresarial y la política.

La influencia y poder del capital transnacional también se deja sentir en el fenómeno de la “puerta giratoria” y la captura de organismos reguladores. El caso de los ministros de economía de los últimos tres gobiernos es gráfico de ello: varios de ellos procedentes de las canteras empresariales, donde ejercían funciones como gerentes generales, se incorporaron al Estado durante periodos más o menos intermitentes, para finalmente retornar al sector privado. Todo ello ha creado un ecosistema de fluidez notable entre los intereses corporativos-privados y las políticas, planes y programas promovidos desde los ministerios más poderosos del ejecutivo. Un ejemplo debería mostrar la extensión y recurrencia de este fenómeno: Fernando Zavala, ex primer ministro del inicio del gobierno de Kuczynski entre 2016 y 2017, fue nombrado en enero de 2019 gerente general de Intercorp Perú, empresa holding del Grupo Intercorp, uno de los grupos empresariales más poderosos del país.

El último aspecto mencionado, sin embargo, también guarda relaciones con el segundo nuevo factor para explicar la crisis política: Fujimori recibió un país agobiado por la deuda externa y una inflación que en julio de 1990 llegaba al 400% mensual. Para estabilizar y reactivar la economía recurrió a medidas extremas. Conocido como el “fujishock”, el 29 de marzo de 1990, el entonces ministro de economía —Juan Carlos Hurtado Miller— anunciaba un paquete de medidas entre las que se encontraba el corte de subsidios, el fin del control de precios y se ponía fin al desbalance fiscal. Desde entonces el país emprendió un alineamiento sin condiciones frente a medidas macroeconómicas y fiscales promovidas desde organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este alineamiento incluyó, con el tiempo, la privatización de la actividad empresarial del Estado, la creación de agencias de regulación y competencia, y políticas de recaudación tributaria que requerían el fortalecimiento de un fisco históricamente débil. La clave que hizo posible tal transformación institucional a gran escala fue la Constitución de 1993. La crisis amainó y desde entonces se generó el consenso —entre los actores políticos, gubernamentales y privados— de que las medidas signadas por un enfoque tecnocrático eran las únicas capaces de garantizar estabilidad y crecimiento para el país. Salvo la opinión del tecnócrata de turno, todo se hizo ilusión. Para que el impacto no fuera extremo respecto a la población por debajo del umbral de pobreza, el gobierno implementó programas sociales de corte populista, destinados a garantizar la popularidad presidencial. Al momento de disolver el Congreso, Fujimori gozaba de una notable popularidad, que se consolidó en 1995 cuando venció sin atenuantes la contienda electoral contra Javier Pérez de Cuellar.

Una de las herencias más notables del fujimorato consiste en la aproximación tecnocrática sobre la acción estatal. Si bien los funcionarios altamente especializados se concentraron en algunas llamadas “islas de eficiencia” como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva (BCR), Indecopi y otros organismos reguladores, el país adoptó en gran medida el discurso de la gestión gubernamental. No obstante, como muchos de los procesos históricos del país, la tecnocratización y eficientización del Estado operó más al nivel de un mito fundante que de las prácticas tangibles. En parte ello explicó la popularidad de líderes políticos que construyeron un discurso a partir de la premisa de reemplazar al presidente por un gerente de la nación. Mientras ello ocurría en las alturas de ministerios y organismos reguladores, la relación de la ciudadanía con el Estado se deba a través de burócratas de la calle que gestionaban como malabaristas presupuestos exiguos y sorteaban múltiples capas de espesor de un Estado que desde el 2000 no ha hecho más que crecer[1].

Juntos, la transnacionalización del capital y el mito de la tecnocratización de las decisiones sobre gobierno y políticas públicas representan dos procesos firmemente asentados en la realidad social peruana, aunque de reciente génesis historia. En lo sucesivo, trataré de articular los cuatro elementos identificados —extractivismo, la presión social sobre el sistema político, la transnacionalización del capital y el mito de la tecnocratización— en la explicación de la crisis política que vive el país.

La crisis: nueva pero también antigua

El fin del fujimorato coincidió con el inicio de un superciclo de crecimiento económico, explicado en gran medida por un galopante incremento en el precio de commodities minerales de exportación peruana. En 2018 el país acumulaba veinte años consecutivos de crecimiento económico, y en 2008 —en los inicios de la crisis financiera internacional— se alcanzaba un 9.1% de crecimiento anual del PBI. No obstante, al día de hoy los precios han caído y las operaciones mineras han conocido la presión de demandas sociales en contra del deterioro ambiental en las zonas circundantes a megaproyectos mineros, a la vez que protestas por mayores beneficios económicos y sociales y contra la criminalización de líderes campesinos e indígenas. En ese sentido, el extractivismo explicó tanto largos periodos de despolitización ciudadana —potenciada por un discurso sobre el emprendedurismo y el desarrollo individual— como el agotamiento progresivo de los avales políticos para gestionar un país que marchaba en piloto automático. En este entramado también hemos asistido al desgaste del mito tecnocrático, en el sentido de que el crecimiento económico no ha reducido significativamente las brechas de desigualdad del país. La nueva clase media rolandoarellana[2] es endeble y su concentración urbana no ha logrado revertir el descontento regional por los réditos del crecimiento. El fenómeno, como apunta Cotler (2011), no es exclusivo del caso peruano, pero es en el Perú donde su combinación con un desarrollismo extractivista ha llevado a un divorcio notorio entre los números del crecimiento y la realidad de las brechas sociales y económicas.

La creciente desconfianza con los resultados de un acelerado crecimiento económico que, sin embargo, agudizó la desigualdad social, llevó a los nuevos ciudadanos a buscar respuestas en la política. Desde la “Marcha de los cuatro suyos” promovida para derrocar al régimen dictatorial de Fujimori, Lima alternó largos periodos de apatía política con esporádicas tomas de conciencia ciudadana sobre diversas materias. El foco de movilización social del país se localizó principalmente en el sur quechua y aimara, así como en regiones como Cajamarca y Amazonas. En todos estos lugares se llevaron a cabo masivos paros regionales y movilizaciones dirigidas contra el gobierno nacional y regional. Fue además en Amazonas donde se produjo un violento enfrentamiento entre la policía y nativos de diversas etnias amazónicas, que dejó un saldo de 33 personas fallecidas en 2009. No obstante, la ausencia de base popular e infraestructura partidaria que acompasara a los movimientos políticos y protestas regionales llevó al ahogo de las demandas y su transformación en caudillismos regionales configurados alrededor de inversores con capitales obtenidos en actividades de pequeña y mediana empresa, usualmente informal. Estos líderes locales formaron rápidamente organizaciones cleptocráticas orientadas a conseguir prebendas a partir de licitaciones y concursos públicos. Al día de hoy numerosos líderes políticos regionales afrontan procesos penales, están en la cárcel o se encuentran con paradero desconocido. Los nombres incluyen al exgobernador de Ancash, César Álvarez, en los albores del terremoto Lavajato; pasando por Félix Moreno en el Callao, hasta llegar a Jorge Acurio, exgobernador regional de Cusco[3].

Si a lo anterior se suma la influencia de la transnacionalización del capital sobre la estructura del poder político nacional, se puede hablar de una desvinculación de las demandas sociales y las políticas, planes y programas promovidos desde el Estado en sus distintos niveles de gobierno. En el Perú se ha hecho moneda corriente el incumplimiento de los planes de gobierno, que en teoría debían funcionar como las plataformas programáticas que llevaron a los votantes a las urnas. Aquí yace el divorcio constitutivo de sociedad y política al que asistimos actualmente. A la vez, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas sobre el desempeño político ha llevado a una completa autonomización de la dinámica política respecto de sus supuestas bases de legitimidad democrática. Una lectura empobrecida del asunto apuntaría en el 2021 y en lo sucesivo a culpar de este divorcio a la reciente reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de congresistas, pero como trato de argumentar, el problema es mucho más profundo y enraizado. Un segundo bando de críticas sostendría que la rendición de cuentas se expresa, por ejemplo, en los procesos de revocatoria de autoridades regionales y municipales en todo el país. El tema merece un estudio más detallado, pues el estilo de obstrucción vía revocatorias viene siendo utilizado desde hace varios años como un arma pesada en la política nacional, y podría leerse como un antecedente de su ascenso a las esferas del gobierno nacional (esto es, como un estilo de hacer política). No obstante, las revocatorias usualmente no se gestionan desde bases populares que exhiban descontento ciudadano generalizado, sino que se coordinan desde el bando de los adversarios políticos (muchas veces ex aliados) y se aprovecha el contexto de deslegitimación generalizada de las autoridades frente a la ciudadanía para recabar los votos necesarios. En síntesis: más que una excepción a la tesis de la autonomización de la política respecto de la sociedad, la expansión del estilo revocatorial de hacer política es una manifestación más de la crisis.

Por otra parte, la presión del capital por obtener réditos en un entorno de creciente incertidumbre económica ha llevado a la puesta en práctica de estrategias cada vez más osadas, así como a la expansión y consolidación de lobbies empresariales operando desde las sombras. Los famosos “doce apóstoles” de la economía peruana, congregados por Alan García durante su primer gobierno (1985-1990) se han convertido en los empresarios de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El espacio por antonomasia para las reuniones de estos gremios empresariales es la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) en la que se suelen congregar empresarios, líderes políticos, influyentes periodistas de opinión y diversos tipos de especialistas tales como economistas, abogados y administradores vinculados a los sectores más globalizados de la economía peruana: la crema y nata de la tecnocracia.

Lo hasta aquí expuesto muestra que una amalgama de transnacionalización del capital y débil plataforma política ha dado como resultado la pasiva entrega de las decisiones públicas a manos de silenciosos pero efectivos gremios empresariales. En el Perú no se necesitó de una maquiavélica clase dominante empleando a la superestructura ideológica para sus fines de dominación social, sino que se encontró un escenario de fragmentación idóneo para aprovechar la ausencia de expectativas de la ciudadanía sobre el poder político. Si los gremios empresariales no son buenos para gestionar el ascenso de liderazgos políticos, sí lo son para adaptarse a diversas coyunturas y nunca salir muy golpeados.

Finalmente, y pese a lo anterior, el discurso tecnocrático ha comenzado a perder credibilidad en la medida que los espectaculares resultados económicos del periodo 2000-2010 se ven cada día más lejanos. Y cuando las cosas no marchan como debían, se recuerda que la política se trataba de la gestión de lo común, y cuando no hay común tangible, la crisis se hace visible.

La crisis política, en suma, es el reflejo de un entramado más complejo que combina factores de larga data, junto con procesos más bien recientes.

La crisis desde el lente del sentido común

En un escenario de marcados rasgos estructurales como el que hasta aquí he descrito, resulta llamativo que el sentido común plantee más bien una lectura de la crisis basada en factores coyunturales. Si bien el contexto de crisis se puede potenciar y explicar a partir de procesos y actores de coyuntura, estos factores son más detonantes inmediatos que causas estructurales de la crisis que vive el país. Aun con ello, es importante reconstruir la que, con Cavero, podríamos llamar “lectura de sentido común de la crisis”.

Una primera tesis de la lectura de sentido común es que el Perú enfrenta una crisis política más que sistémica. Ello lleva a poner el énfasis prioritariamente en los actores políticos del momento: congresistas, jueces, fiscales, ministros y presidentes. Desde esta óptica la crisis tiene contornos más bien claramente definidos: se inauguró con la presidencia de Kuczynski y la obstruccionista oposición de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori. Fue el fujimorismo el causante de la creciente inestabilidad política, y se trataría de una fuerza ciega guiada por su ambición de llegar a la presidencia a como dé lugar. Asimismo, las estrategias del fujimorismo incluyen la compra de fiscales y el blindaje de actos de corrupción. A esta primera escena le siguió Vizcarra al levantarse el telón del segundo acto. Cierre del Congreso en el tercer acto, nuevo Congreso mientras la obra pasaba de tragedia griega a comedia sandleriana, pandemia y vacancia seguida de dos presidentes como el final provisional de una debacle sin fondo.

Si bien el fujimorismo era competente para hacer todas las cosas que la oposición le atribuía, es notorio que a su versión predisolución congresal se le impute tal astucia, sobre todo considerando que se trata de un movimiento político hoy fuertemente golpeado por torpes errores propios. En efecto, la ambición de poder (o los temores jurídico-penales que llevan a una acción racional miope que no toma en cuenta más de dos jugadas más allá, cual ajedrecista novato o cenutrio) explicó algunas fases del desarrollo de la crisis a nivel político, pero fue también la causante de la escisión entre los hermanos Fujimori y la posterior pérdida de poder parlamentario.

Este primer rasgo de la crisis vista desde la óptica de la coyuntura política exhibe el divorcio entre sociedad y política que hemos identificado como rasgo estructural. Solo un sistema político en que los actores del momento no se sienten vinculados por las demandas sociales hace posible una lucha por el poder tan notoria como la que se exhibió en la política del día a día entre la elección de Kuczynski y su renuncia.

El fujimorismo logró, en todo caso, congregar a un notable número de personas —para los estándares de la por lo general apática vida política limeña— el día de navidad del 2017. Una ciudad acostumbrada a ser el ejemplo de manual de los problemas de acción colectiva se movilizó durante las fechas más inverosímiles del calendario. Mientras las familias se disponían a celebrar la noche buena, el presidente otorgaba un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Entonces las marchas contra el indulto sirvieron para la articulación colectiva de un malestar que trascendía a la coyuntura. Fue el entrenamiento para lo que vendría en 2020, el microciclo preparatorio con jugadores de la liga nacional. Con la espontaneidad de quien ha construido una vida a partir de transacciones y acuerdos de ese tipo, Kuczynski creyó que el indulto representaba una carta de negociación para lograr el desbloqueo de las iniciativas del ejecutivo en el parlamento. Pero no solo eso: principalmente, el indulto era oxígeno antes de los tiempos de la pandemia, una inmunización al virus de la vacancia. Para un hombre acostumbrado a la negociación de intereses, la operación asemejaba un win-win de ejemplo de MBA: Alberto en casa, los Fujimori apaciguados y la población enternecida frente a los estertores de un hombre que languidecía entre el cuidado de hortensias. La navidad como época de perdón y reconciliación.

Hoy sabemos que nada de eso funcionó y la crisis terminó en su primera fase con la renuncia de Kuczynski y la llegada al poder de Martín Vizcarra. En defensa de PPK podemos decir que todos somos generales después de la batalla, en su contra, que hasta un alférez podría haber previsto el resultado. No deja de ser una forma de justicia poética que el hombre que entraba entre los palos a la fórmula presidencial del Country Club, porque “necesitaban un provinciano en la plancha presidencial” de PPK, terminara por hacer un par de movidas que dejaron en jaque a los “demasiados blancos” del círculo (Bruce dixit). Con un partido escindido y en medio de la embestida parlamentaria Vizcarra tornó la mirada hacia las calles. ¿Habría ahí despertado a la bestia?, ¿en qué momento nos jodimos, Zavalita? Se preguntan aún en la Coordinadora Republicana. Era ciertamente una movida peligrosa: una capital desmovilizada no prometía demasiado interés por las desventuras de un moqueguano en los pasadizos del poder. Pero la jugada funcionó por la consolidación de una antipatía y animadversión generalizada al Congreso de mayoría fujimorista y porque los liderazgos carismáticos siguen siendo el factor más importante para explicar nuestra política coyuntural: es el resultado de un desborde social presionando un sistema político sin capacidad de respuesta. Nunca gusta ver ganar al grande y más fuerte, y Vizcarra fue efectivo en mostrarse como el más débil contra la matonería llegada en una máquina del tiempo desde mediados de los noventa. Más allá de eso, no mucho: las elecciones parlamentarias de enero de 2020 tuvieron un 25% de ausentismo y un 11% de votos nulos. Nuevamente la política debía funcionar en piloto automático y la providencia proveer de congresistas a la altura del momento histórico: “Ole lé, ola lá, cerramos en Congreso que chucha va a pasar”, coreaban en las calles —proféticamente, tal vez, con un signo de interrogación de por medio (“¿qué chucha va a pasar?”) más seguramente— el día que Vizcarra tomó la decisión que pudimos interpretar como el fin de esta historia.

Pero con su equilibrismo en el poder, Vizcarra trajo consigo un nuevo arsenal para el juego rudo constitucional. Curtido seguramente en la cultura pop de las buenas películas de acción (esto es, en la política regional), sabía que nadie va a pelear contra el villano sin pasar antes por la armería. Levitsky y Ziblatt (2018) llaman a este tipo de movidas, siguiendo a Tushnet, “constitutional hardball”. En buen peruano, matonería constitucional, y si es de San Isidro, bullying iusfundamental. El concepto remite al uso abusivo —la explotación— de mecanismos legales y constitucionales. El juego no lo comenzó Vizcarra, pues PPK ya había salvado un pedido de vacancia por la misma causal que dos años después despediría a Vizcarra de Palacio de Gobierno, pero fue Vizcarra quien lo transformó en su estilo de gobierno mediante la cuestión de confianza. En esto Vergara acierta al señalar que “[en los últimos años] nuestros políticos precarios descubrieron que la Constitución poseía unas bombas nucleares, como [pero no solamente] la destitución del presidente”. El equilibrio de poderes se convirtió entonces en paridad de armas: dos tanques blindados de este lado y dos cazabombarderos del otro. Lo que hemos visto desde entonces es una escalada de bravuconadas una tras otra, que un poco funcional Tribunal Constitucional no pudo amainar cuando más se necesitó. La rendición de cuentas horizontal, importante para los frenos y contrapesos del poder, no funcionó. Peor aún, fue como las pesas malignas que desgarran los músculos de un novato de gimnasio. El Derecho en este entramado de movidas se convirtió en un recurso ubicuo. Siempre se puede, forzando las interpretaciones aquí y allá, elaborar un argumento que soporte el peso de la embestida política; realismo jurídico puro y duro, compadre.

¿A quién apoyar en ese escenario de volatilidad extrema?, ¿cómo entender lo que venía pasando? Nadie sabía, ni los rich and famous. Por eso se les vio erráticos en medio de la evolución frenética de los eventos, a veces respondiendo tarde, otras no tomando partido y en otras, finalmente, apoyando al bando que en última instancia sería derrotado.  Con la llegada de la pandemia se pasó a entender que la política había declarado un tiempo fuera para mirar al país desgarrado por la cifra de muertes por millón de habitantes notoriamente más alta del mundo. Aún ahí, en ese escenario, la política no tardó en volver bajo los ropajes de nuevos figurines: el nuevo Congreso recién instalado. Los actores nunca fueron el problema sino los incentivos: entonces los actores desempeñaban un rol arquetípico sobre lo que pasaba en el fondo. Un país con un equilibrio mortal de no poder: porque donde todos pueden todo nadie puede nada. La tragedia de los anticomunes llevada al centro de Lima. En ese escenario fragmentario, en los días finales, todos pueden pretender avanzar sus intereses porque sorprendentemente ya nada es tan difícil como para no tentarlo. Eso debió pensar Manuel Merino la noche anterior a la votación del segundo pedido de vacancia por incapacidad moral permanente de Martín Vizcarra. Su nombre en las primeras planas y su busto portando la banda presidencial: nothing is impossible.

La crisis es, en suma, la coyuntura que desnuda una desestructuración mucho más profunda pero cuya solución —en clave tibiamente optimista— se avizora en las calles. Si, por primera vez en mucho tiempo, la ciudadanía urbana se encuentra politizada, ello puede ahondar sus vínculos con demandas nacionales que antes no recibieron apoyo. Lo hemos visto en esta última semana: las protestas de trabajadores del régimen de agroexportación no hubiesen merecido el interés que suscitaron esta vez si no fuese porque, además de la debilidad política del gobierno y del empleo de medidas de fuerza en las protestas, hay mayor interés en la evolución de los juegos de poder. Si esta hipótesis es correcta, el desborde social y su presión sobre el poder se ahonda cada día más, ante el mito desdibujado de la tecnocracia que se muestra por primera vez en mucho tiempo meramente reactiva (está bien lo que tenemos, no lo cambien por favor). Pero en la profundización del despertar social (que, no seamos tan optimistas, podría ser una simple interrupción transitoria en un profundo sueño) nuevos problemas de fondo deberán aflorar, y entre ellos principalmente los límites del desarrollo basado en extracción de recursos naturales.

En tal escenario se comienzan a escuchar los pedidos de una nueva constitución. Nunca un nuevo pacto social es totalmente nuevo y nunca soluciona realmente los problemas, pero da oxígeno. Y basta respirar —hoy más que nunca— para seguir creyendo que se puede lograr lo que sea que uno quiera.

Referencias

Arellano, R. & Burgos, D. (2008). Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe… Una visión social y de mercado de la nueva urbe latinoamericana. Lima: Planeta.

Cerna, D.; García, L.; Puémape, F.; Sosa, P.; Rentenía, M. & Rozas, L. (2017). Acá no hay ventanillas. La burocracia de la calle en los programas sociales. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Cotler, J. (2011). Las desigualdades en el Perú. Introducción. En: Cotler, J. & Cuenca, R. (eds.), Las desigualdades en el Perú. Balances críticos. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Gálvez, A. & Grompone, A. (2017). Burócratas y tecnócratas. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Lane, K. (2019). Potosí: the silver city that changed the world. Oakland CA: University of California Press.

Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

Levitsky, S. & Cameron, M. (2003). Democracy without parties? Political parties and regime change in Fujimori´s Peru. Latin American Politics and Society, 45(3), pp. 1-33.


Notas

[1] Dos referencias bibliográficas recientes muestran facetas de este desfase entre el discurso de la tecnocracia y burocracia especializada y la realidad de las prácticas cotidianas: Gálvez y Grompone (2017); y Cerna, García, Puémape, Sosa, Rentería y Rozas (2017).

[2] Arellano y Burgos (2008).

[3] Se puede ver una lista actualizada hasta agosto de 2019 en: https://gestion.pe/fotogalerias/estos-son-los-exgobernadores-regionales-sentenciados-procesados-o-bajo-investigacion-en-peru-noticia/?foto=10

Créditos de la imagen: El Comercio.

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