El LUM, la ley contra la apología y el populismo[1]

Por Alexandra Hibbett

Ya va a venir el día, ponte el alma.

César Vallejo[2]

 

  1. El LUM

Como es ya sabido, el congresista por Alianza para el Progreso, y general en retiro, Edwin Donayre publicó hace poco un video editado que muestra a Gabriela Eguren, que en ese momento era trabajadora del LUM, dándole una visita guiada. Las partes seleccionadas del recorrido son las que, desde un punto de vista crítico a la CVR y al movimiento de los derechos humanos, son ofensivas o incómodas. Donayre acompañó el video con una acusación a Eguren por apología al terrorismo, pese a que ella no dijo nada que se acercara a defender la violencia subversiva. No obstante lo ridículo de esta difamación, la misma ha acarreado la re-ubicación de la trabajadora en cuestión, y su puesta en investigación por el delito de apología; en la entrega de los currículos de todas y todos las trabajadores del LUM para ser investigados, en la suspensión de las visitas guiadas para colegiales a la muestra del LUM (probablemente su labor más importante), y a la formación de una comisión llamada, de manera eufemística, “Grupo de Trabajo de Apoyo al LUM” en el Congreso –cuyos poderes no están claros, pero parece que tiene la capacidad de modificar los contenidos de la muestra permanente–.

Podría decirse que el LUM ha estado atravesando una crisis desde que el entonces ministro de Cultura Salvador del Solar pidió la renuncia de su director Guillermo Nugent a raíz de la exposición temporal de la Carpeta de Resistencia Visual, curada por Karen Bernedo, en agosto del año pasado. Pero eso daría la impresión errónea de que hubo un momento en el que el LUM no ha estado en crisis. Más bien, esta ha sido una institución vulnerable desde que era una mera idea. Muchísimas voces y poderes se opusieron a su creación[3]. Ha sido siempre un escenario sobre el cual han explotado las tensiones de nuestra historia reciente de violencia política. Entonces, no debemos ver el LUM como el signo de un progreso o consenso logrado respecto a la época de violencia, que recién ahora se estaría poniendo en cuestión. Más bien, tenemos que entender al LUM ‒y a su más reciente presencia en nuestros titulares‒ como parte de la batalla entre las memorias en el Perú.

Como todos sabemos, el país está sumamente dividido con respecto a nuestra reciente etapa de violencia política. Existen dos polos que disputan la hegemonía de la memoria. Uno, que muchos llaman “la memoria salvadora”, es una narrativa muy simple que propone que la historia se resume al levantamiento de un grupo terrorista y su derrota heroica por el Estado. En el otro polo está la memoria de la CVR o los grupos a favor de los derechos humanos, quienes proponen una narrativa más compleja, según la cual la violencia fue resultado de procesos sociales de discriminación, desigualdad y exclusión de larga data, y fue cometida no solo por los grupos subversivos, sino también por las fuerzas armadas y policiales. A la vez, en medio de estos dos polos, hay posiciones intermedias y mucho desinterés (y también una curiosidad sin rumbo).

Esta situación ha significado que el LUM ha estado siempre en una posición difícil. Por un lado, su objetivo es dar lugar a una reflexión crítica de parte de la sociedad sobre la época de violencia, lo cual no tendría sentido sin el respaldo de agrupaciones de víctimas y ONGs de derechos humanos. Por el otro, sin embargo, es una institución estatal que para funcionar necesita el respaldo del Estado, por lo que también necesita tender puentes con las fuerzas del orden. Y no solo por eso; también tendría poco sentido un proceso de memoria que intentara ser nacional, pero que dejara de lado a los miembros de las fuerzas del orden y sus allegados. Para decirlo brevemente, esto explica por qué tuvo tantos problemas el LUM: por eso está en ese lugar tan extraño, por eso no tiene la muestra Yuyanapaq (a pesar de ser esto la intención de la donación original), por eso siempre tuvo problemas de respaldo institucional y de presupuesto, por eso demoró tanto en abrir sus puertas, etc.[4]

Quizá la estrategia principal para lograr la apertura del LUM, pese a esta dificultad, fue la de crear articulaciones con los actores interesados y tratar de hallar puntos de consenso a través del sondeo de sus prioridades para la muestra, en la medida de lo posible, mientras se respetaran los objetivos del LUM y se lograra una muestra coherente. Se hicieron muchas reuniones participativas y hubo muchas negociaciones tensas, pero, finalmente, ningún grupo clave podría decir que su opinión no impactó la muestra final.[5] El caso de las negociaciones con las fuerzas del orden en este proceso fue clave. Como ha descrito Cynthia Milton en su reciente libro sobre memorias militares en el Perú,[6] el resultado de esta tensa negociación ha sido un retrato de dos caras de esta institución en la muestra permanente. Por un lado, se ve claramente su cara de perpetradores y violadores de derechos humanos: hay datos sobre la matanza de Putis, donde casi toda una comunidad, niños incluidos, fueron masacrados; hay datos sobre violaciones sexuales; hay datos sobre desapariciones forzadas. Pero, por otro lado, se ve claramente su cara de defensores: su rol en el rescate de Chavín de Huántar, su rol de proveer apoyo a poblaciones afectadas, su rol en la captura de la Abimael Guzmán. Se ve, además, cómo algunos de sus miembros fueron víctimas y se nos invita como público a empatizar con ellos. Lo clave de esto, para entender lo sucedido en el LUM a raíz de la acusación de Donayre, es que gran parte de este contenido fue recolectado gracias a los aportes de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú.[7] Es decir, pese a lo que dicen Donayre y sus difusores, la muestra permanente sí presenta la posición de las fuerzas del orden. O, al menos, algunas de sus voces. Si hay críticas como las de Donayre, no podemos concluir que representan la opinión de todas las fuerzas del orden. Hay intereses políticos en hacer parecer que es así, pero no es tan simple.

El ataque de Donayre al LUM es entonces un intento por deslegitimar los procesos institucionales de lograr consensos y salir de la lógica de los ‘dos polos’. Por esto es improbable que haya sido casualidad que el video de Donayre se haya colocado en redes poco tiempo antes de que se finalizaran los lineamientos del área funcional del LUM. Después del despido de Nugent, el Ministerio de Cultura había formado una Comisión para elaborar estos lineamientos sobre muestras temporales, visitas guiadas, Centro de Documentación e Investigación, y eventos culturales de dicha institución. El objetivo era, deduzco, dar mayor solidez a la institución para que no pase de nuevo lo que pasó alrededor de la muestra curada por Karen Bernedo. En esta Comisión, otra vez estaban representados todos los interesados, incluyendo las fuerzas del orden,[8] para así, una vez más, conseguir legitimidad ante diversos sectores. El documento resultante, que ya ha sido publicado, logró acomodar posiciones muy diversas. La emboscada y el video editado fueron, es de suponer, un intento por socavar esos lineamientos, la institucionalidad del LUM, y así, otra vez intentar dividir el campo de la memoria en dos bandos.

Si bien por un lado el Lugar está validado frente a los sectores estatales y civiles interesados, y si bien se ha visibilizado justamente esta articulación en las muchas defensas que se le han hecho desde que salió el video de Donayre, está claro que las implicancias de lo sucedido pueden ser terribles para su institucionalidad. La “Comisión de apoyo”, encabezada por Petrozzi, ha salido a decir que no cambiará la muestra permanente, pero se contradice enseguida para señalar que sí se podrían “agregar” algunas cosas. La muestra tiene una lógica integral, consultada y validada; que el Congreso luego añada contenidos no sería menos que deslegitimar la institucionalidad del LUM y la seriedad con la que los equipos curatoriales han atendido las demandas e intereses de todos los actores consultados.[9] El temor de muchos es que los contenidos de su muestra permanente sean modificados hasta convertirse en una defensa de la actuación del Estado durante la violencia, y que este cambio se articule con otros del mismo tipo en el currículo escolar . Incluso si no se llega a cambiar todo el contenido de la muestra, el riesgo es de interferir con la lógica de esta y deslegitimar al LUM frente a los varios actores interesados, de modo que deje de ser efectivo para los objetivos para los cuales fue diseñado: servir de un lugar público de reflexión y pedagogía sobre democracia y derechos humanos.

  1. La ley contra la apología

¿Por qué la acusación de Donayre ha tenido tanto poder, pese a su fama de poca seriedad? Es indudable que en esto tiene un rol el contexto político, en el que el fujimorismo ostenta el control del Congreso, y donde han logrado conseguir el indulto a Alberto Fujimori, un hecho que tiene implicancias respecto a cómo narramos esta parte de la historia peruana y que vuelve a empoderar posiciones que se habían visto, al menos en parte, deslegitimadas. Aquí se articula con otros proyectos de negación, siendo quizá el más grave de todos la eliminación de la mención a los crímenes de las fuerzas del orden en los textos escolares. Y, en junio del año pasado, también pasó algo que en su momento no criticamos lo suficiente: la ampliación de la ley contra la apología al terrorismo, con la incorporación al Código Penal del artículo 316-A. Este artículo, por un lado, hace mucho más amplio y difuso lo que abarcaría este crimen, al hablar de “exaltación, justificación o enaltecimiento” del terrorismo y no simplemente de apología. Y por otro, añade penas mayores si la apología es propagada “mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, o se realiza a través de imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación”. Ambos cambios hacen mucho más fácil su aplicación injustificada, especialmente a trabajadores del arte y de la cultura, como hemos visto en el caso de Eguren y en otras múltiples ocasiones.[10]

Se podría decir que este no es el espíritu de esta ley y que personas como Donayre la están adulterando. Pero yo creo que sí es fiel al espíritu de la ley, es decir, que detrás de su promulgación no está únicamente ni en primer lugar una preocupación real con cómo lidiar con grupos como el MOVADEF, sino el afán de tener una herramienta para terruquear. Es sintomático que incluso tengamos este neologismo. Podemos imaginarlo en algunos años en la RAE. Terruquear: del latín “terror, -ōris”. 1. tr. Acusar a una persona que no es terrorista de serlo a fin de amedrentarla, de modo que se le hace vulnerable a críticas y sanciones injustificadas. En este sentido, no es casualidad que no haya ninguna persona condenada por esta ley. No ha sido necesario. Con solo acusar a alguien de hacer apología, la ley cumplió su propósito.  

El mensaje que da la acusación por apología de Donayre a los que promueven una mirada desde los derechos humanos a la época del conflicto es: tengan cuidado con qué palabras usan, porque podemos acusarlos de apología. Atemoriza y promueve la auto-censura. Y a los que no se interesan mucho por el tema o que solo lo miran con curiosidad, les dice: tengan cuidado, porque el LUM (y por extensión la CVR y el sector de las organizaciones de derechos humanos) es el enemigo; mejor no se acerquen, mejor no lean, mejor no piensen. Así, la ley de apología es un arma más en la batalla de las memorias en el Perú, eficaz para amedrentar al sector pro-CVR y para apagar la curiosidad de la población.

  1. El populismo

Pero nos quedamos cortos si pensamos en la ley contra la apología solo como una herramienta para que personas como Donayre silencien a la memoria pro-derechos humanos y el legado de la CVR. En cuanto parte de la estrategia del terruqueo, su finalidad última es mayor: sostener un movimiento político populista como lo es el fujimorismo.[11] Como dice Slavoj Žižek, el rasgo que distingue en última instancia al populismo de otros movimientos políticos es que depende de la creación de un “enemigo” externo, que desplaza y enajena los problemas inherentes a la sociedad en cuestión.[12] Es decir, el pueblo que necesita al líder populista es necesariamente un pueblo asustado, temeroso frente a un “enemigo” que ese mismo poder populista en realidad crea (en cuanto imagen espeluznante) para asegurar su poder, distrayendo de los reales problemas sociales en juego. Lo que hace el terruqueo en nuestro contexto es crear ese enemigo. No estoy diciendo que no existan remanentes de Sendero Luminoso y grupos que aún justifican la violencia, sino que los fujimoristas y otras fuerzas populistas tienen un interés muy grande en que se crea que su presencia es mucho mayor a la que es. Definitivamente hay menos terroristas en el país que terruqueados. La ley contra la apología ayuda a prestar una imagen de un país unido contra “los terroristas”, donde cualquier disidencia  ̶ de clase, de género, etc.– no  puede venir de adentro, por razones legítimas, sino que tiene que venir de “afuera”, de “ellos”, a quienes no debemos escuchar.[13]

Lo sucedido respecto al LUM, entonces, nos muestra un escenario complejo que tiene por lo menos dos dimensiones. Por un lado, nos muestra algo sobre cómo estamos en cuanto sociedad de posconflicto. La acogida que ha tenido el video de Donayre puede hacernos pensar, por ejemplo, que desde el movimiento pro-CVR y pro-derechos humanos no hemos sido suficientemente conscientes de que la memoria no es terreno reservado para nosotros y nosotras.[14] Eso quiere decir que no podemos confiar en “la memoria” como si fuera una solución a los conflictos sobre el pasado. La memoria es ese mismo conflicto. En este sentido, decir que la coyuntura actual nos muestra que hay “aún” tensiones por la violencia política y que “todavía” no hemos procesado el pasado no toma en cuenta que la memoria no es un proceso teleológico hacia un consenso, sino un ejercicio permanente de disputa.

Pero, por otro lado, estaríamos dejando de lado lo principal si es que pensamos que lo sucedido respecto al LUM es que el fantasma del pasado está volviendo, por iniciativa propia, a acecharnos. Está siendo llamado, activamente, para servir a los fines (populistas) del presente. En otras palabras, se está usando el debate por la memoria de la violencia para dividir a la población en dos bandos: “el enemigo” (los terruqueados) y “nosotros” (el ‘pueblo’ fujimorista). Parece que los populistas prefieren que se entienda el malestar actual, no como fruto de los varios antagonismos sociales del presente, sino como una lucha por la memoria del pasado. Quizá por esto utilizan cada vez más el discurso de la CVR –pienso por ejemplo en “el Año de la Reconciliación”. Hay, entonces, que hacer un esfuerzo por distinguir que también está en juego una lógica distinta, una dinámica que es en alguna medida externa a la de la memoria del conflicto. Externa porque responde a intereses que tienen más relación con la actualidad (corrupción, administración de la acumulación neoliberal…) que con un “trauma social aún no resuelto”.

Respecto a la primera dimensión del problema, la que se refiere a nuestro proceso en cuanto país de posconflicto, lo sucedido en el LUM muestra que necesitamos iniciativas que puedan articular memorias y experiencias de quienes hasta ahora quizá se sienten más representados por el populismo. Me refiero, por ejemplo, a memorias de militares que quizá no encuentran un lugar en un discurso que suele retratarlos como perpetradores, cuando son también víctimas –no solo de Sendero Luminoso, sino de todo un sistema social que hizo de sus cuerpos y de sus subjetividades, los instrumentos de una guerra criminal–. Si procesar el pasado de la violencia no significa un llegar-a-acuerdos, y si más bien siempre va a ser tenso, entonces necesitamos más espacios como el que intenta ser el LUM: espacios donde estas tensiones puedan canalizarse y expresarse sin temor, sin polarización, sin negación y sin exclusión de experiencias de la violencia. También nos muestra que es necesario convocar a los muchos que no se interesan demasiado por el tema o, por el contrario, que no saben cómo satisfacer su curiosidad sobre él, para que el populismo no halle en estas personas un terreno fértil. Un paso crucial para esto es tener una política nacional de memoria. Actualmente, el LUM está desamparado. Una política nacional de memoria debería no solo dar amparo a todas las personas que trabajan desde el arte y la cultura el tema de la violencia en sus creaciones e iniciativas, sino garantizar que la memoria no se vuelva herramienta del populismo. Mientras no tengamos las herramientas institucionales y estatales para lidiar con esta tensión de posconflicto, los únicos que ganarán son los movimientos populistas.

Pero respecto al reto más amplio del populismo, lo sucedido en el LUM también nos muestra que nos quedamos cortos si reducimos la lucha contra esta manera de hacer política a la lucha por la memoria. Explica Žižek en el artículo ya referenciado que el populismo y su creación del “enemigo” es una manera de negar el antagonismo social que se sale por las costuras de la política del consenso –esa política que se reduce a la administración de la economía neoliberal–. En otras palabras, las muchas tensiones sociales y sufrimientos humanos del presente, frutos en gran parte de esa misma economía neoliberal y de la reducción de la política a su administración, son reprimidas e ignoradas por la política del consenso, y entonces encuentran un canal para expresarse, aunque de manera tergiversada, en la lógica populista: como temor y la agresión hacia “el enemigo”. En el Perú de hoy, parece que nada le conviene más a nuestro populismo que seguir reduciendo la política a un enfrentamiento entre “los que hacen” o “no hacen” apología, entre los que son “fujimoristas” y los que son “antifujimoristas”, entre los que dicen “Conflicto Armado Interno” y los que dicen “terrorismo”. No podemos caer en ese juego. Reducir las cosas a binarios no deja lugar para la exploración de lo que necesitamos, que es otra manera de hacer política en el país, otra manera de ser comunidad, donde el descontento social, que se expresa de manera deformada en el populismo, más bien se canalice hacia un debate auténtico sobre qué queremos ser como país.

Notas

[1] Este artículo está elaborado en base a mi participación en el conversatorio “Cultura, memoria y libertad de expresión en el Perú”, co-organizado por la Asamblea Cultura y Memorias, el Departamento de Humanidades y la Maestría en Literatura Hispánica de la PUCP, el 3 de julio del 2018. Gracias a Stephan Gruber, Renzo Rivas y Oscar Rosales por sus comentarios.

[2] Tomo este epígrafe del último afiche de la Carpeta de Resistencia Visual, de Guillermo Valdizán.

[3] Ver Portugal, Tamia (con colaboración de Renzo Aroni), “Batallas por el reconocimiento: lugares de memoria en el Perú”, en Carlos Iván Degregori, Tamia Portugal Teillier, Gabriel Salazar Borja y Renzo Aroni Sulca. No hay mañana sin ayer: Batallas por la memoria y consolidación democrática en el Perú, Lima: IEP, 2015. 69-236; y Ledgard, Denise; Alexandra Hibbett y Blas de la Jara.

[4] Ver Ledgard, Hibbett, De la Jara, Op. Cit.

[5] Ibid. Los resultados del proceso participativo se publicaron en este libro.

[6] Conflicted memory. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2018. Capítulo 4.

[7] Esta Comisión es la que creó el informe oficial del Ejército en respuesta al de la CVR: En honor a la verdad 2ª edición. Lima: Comisión Permanente de Historia del Perú, 2012.

[8] El comité además de contar con especialistas en el tema y en la curaduría, un representante del Ministerio de Cultura, uno del Registro de Víctimas (CMAN) y de asociaciones de víctimas civiles, tenía representantes de víctimas militares y policiales, Ministerios de Defensa e Interior, y un coronel.

[9] Disclaimer: trabajé con el último equipo curatorial del LUM por temporadas en los años 2014 y 2015.

[10] Me refiero a las acusaciones por apología, a veces hechas de manera informal y otras como investigaciones formales, a creadores como los de la obra teatral La cautiva, al MALI por haber adquirido las tablas de Sarhua, a una estudiante de fotografía del Centro de la Imagen, y a los creadores de la película La casa rosada.

[11] Por otra parte, tengamos cuidado con reducir el problema al fujimorismo. Que el hecho que Donayre no sea de Fuerza Popular nos mantenga alerta al hecho de que debemos oponernos no a un partido específico sino a una manera de hacer política que tiene encarnaciones diversas.

[12] Estoy usando la palabra “populista” en su versión peyorativa porque aclara lo que está aquí en juego, pero es un término complejo con otras aceptaciones más positivas, como explica el mismo artículo de Žižek. Si no consideramos que el término populismo designa necesariamente una desviación de los problemas sociales inherentes a la comunidad, entonces se puede entender el término como una manera de llamar la dinámica por la que se crea una verdadera, legítima, comunidad o movimiento político. No es el caso del populismo ejemplificado por Donayre.

[13] La prensa alarmista tiene una responsabilidad grande en esto, también. Ver Jacqueline Fowks, Mecanismos de la pos-verdad. Lima y Ciudad de México: FCE, 2017.

[14] Esta idea la tomo de Javier Torres, en conversación.

Fotografía: Karen Bernedo (actores de Yuyachkani en una intervención pública en el LUM el 20 de mayo 2018). 

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