“Por Miraflores no”. La peligrosa normalización de la protesta o la manifestación social como acto conservador

Por Gianfranco Casuso

Ayer se realizó la tercera de una serie de protestas en contra del ilegítimo indulto al homicida y ladrón Alberto Fujimori, expresidente del Perú. Ya desde las primeras horas de la tarde comenzó a haber un clima de incertidumbre al no conocerse la ruta que los manifestantes seguirían. Esta, se supo luego, estaba siendo conversada con la Policía Nacional del Perú. El resultado fue una ruta muy distinta a la pensada inicialmente –y menos efectiva también, al no incluir ya a Miraflores, distrito que, según las autoridades, tiene que mantenerse libre de cualquier tipo de protesta ciudadana (!)

¿Son estos acuerdos propios de una actividad ciudadana que busca, precisamente, incitar un cambio institucional y estructural a partir de actos legítimos de desobediencia? Yo creo que no. La desobediencia civil no debe ser entendida en su versión liberal, aquella que no lleva a ningún resultado real.

La diferencia entre la desobediencia civil liberal y la auténticamente contestataria y efectiva radica, en buena medida, en el modo como se conciben las relaciones frente a las instituciones, normas y prácticas sociales.

En el primer caso, la acción ciudadana se sostiene sobre la aceptación de la validez de instituciones y principios fácticos y, generalmente, se da cuando parte de la ciudadanía considera que el gobierno de turno simplemente se ha desviado del único camino correcto, aquel que se había seguido hasta el momento. Se trata, pues, de actos puramente restauradores, de retorno a una situación anterior considerada como legítima y supuestamente mejor e inmejorable –creencia que es comúnmente el resultado de una desviación ideológica. Esta es la posición conservadora y renuente al cambio que suele ir asociada a actos principalmente simbólicos, sin efectos reales y que cuentan con el beneplácito de los poderes fácticos, los cuales se divierten al ver el inofensivo espectáculo de quien protesta con su consentimiento y siguiendo sus reglas, reafirmando con ello su autoridad. Estos actos se dan, pues, siempre dentro de un marco legal que difícilmente se transgrede. Estos actos, como se vio ayer, necesitan estar refrendados por la PNP, que es quien impone las rutas y dice qué es lo que está permitido hacer.

Pero existen, además, formas distintas de entender a la desobediencia civil que, sin implicar destruir la ciudad, no se subordinan a los que intentan normalizar la protesta y convertirla en algo puramente simbólico e inoperante. Esta se vincula con una crítica a prácticas, normas e instituciones que, en su forma actual, contradicen u obstaculizan la realización de ideales más altos, los cuales se constituyen en la verdadera guía y fin de la acción ciudadana. Esta forma de desobediencia no busca volver atrás, restaurando de manera conservadora algo que supuestamente se perdió, sino crear una nueva realidad institucional que encarne mejor aquellos ideales de libertad y emancipación propios de una sociedad democrática.

Esta figura, protegida constitucionalmente, por su propia definición implica la suspensión momentánea del respeto a las normas como manera de mostrar desacuerdo con ellas y con las instituciones en que se sostienen. Y esto, evidentemente, no tiene que conllevar desmanes ni vandalismo, sino solo eso: desobediencia. Así, el hecho de que se hayan cambiado las rutas pactadas con la PNP es un ejemplo de esto: no es un acto violento, pero sí implica una real desobediencia ciudadana a la Ley. La desobediencia a las normas es un derecho legítimo, esencial a la protesta, que no tiene por qué ser sinónimo del uso de la fuerza ni ser reprimido violentamente en el contexto de una marcha.

Por el contrario, considerar estas formas de desobediencia como actos ilegítimos lleva a peligrosos absurdos dentro de los cuales la represión policial es el más evidente. Una vez que la desobediencia civil se equipara al delito, todo acto legítimo de protesta que se salga de los parámetros impuestos por la PNP podrá ser reprimido impunemente. Se trata de lograr comprender a la protesta en su real dimensión, de modo que pueda tener una función efectiva en la transformación de la sociedad.

La peligrosa normalización de la protesta –aquella asociada a la criminalización de la desobediencia– la vuelve un acto regular más dentro del esquema institucional que precisamente se busca cuestionar. El efecto es que las marchas pierden poco a poco su sentido al ser estas incorporadas como actos cotidianos a los que el resto de la población y las instituciones terminan por acostumbrarse y tolerar como algo molesto, pero inofensivo. La sociedad desarrolla estrategias para convivir con ella y cobra, incluso, una función catárquica que hace que luego de marchar, los manifestantes sigan su vida normal sin alterar el orden ni el statu quo. ¿Es eso lo que estamos realmente buscando?

Créditos de la imagen: https://publimetro.pe/

 

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