Contra las protestas de terciopelo

Por Noemí Ancí

*Este no es un llamado a la violencia, pero es un llamado a todos los ciudadanos que saldrán a las calles hoy y los días que sean necesarios, para que se alejen de la tendencia conservadora de pensar en la protesta como puramente simbólica y esencialmente no-violenta. Quienes nos gobiernan suelen tomar estas manifestaciones como simples canales mediante los que los ciudadanos expresan su disenso, pero no como verdaderos canales de influencia tangible. La protesta es una vía que utiliza el ciudadano cuando sus derechos como tal han sido negados por el gobernante, quien olvida que sus decisiones son públicas y que, por lo tanto, nos afectan a todos. La protesta, en ese sentido, es un mecanismo de autodeterminación colectiva que, para ser efectiva, no solo debe dramatizar el problema, sino que sobre todo debe contener momentos de confrontación real a fin de obtener consecuencias jurídicas y políticas tangibles.

Desde que comenzaron las primeras manifestaciones en contra de la reciente decisión controversial del Presidente de la República, venimos escuchando reiteradamente en los medios de comunicación las recomendaciones de diversos periodistas, quienes instan a la población a que las movilizaciones se realicen de forma pacífica y dentro de los límites de lo permitido. Pero este llamado a la cordura pública no se expresa únicamente a través de recomendaciones, sino que ha adquirido ya una forma coercitiva en la medida que algunos miembros del gobierno han declarado que cualquier uso de la violencia durante las marchas estará terminantemente prohibido, y por lo tanto, será legítimamente reprimido por la policía.

En relación con ello, sabemos que existe una tendencia generalizada en el contexto “políticamente correcto” a criticar y rechazar cualquier forma de violencia durante las protestas sociales. Ello puede percibirse tan solo observando el sensacionalismo promovido, en los últimos días, por los medios alrededor de algunos daños generados (a personas y a la propiedad) a partir de los momentos de violencia surgidos en las primeras marchas organizadas en contra del indulto otorgado a Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre.

Entonces, entre quienes saldrán hoy jueves a las calles podría surgir la siguiente duda: ¿La marcha tendría que restringirse a utilizar medios pacíficos para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la protesta de forma legítima? Y la respuesta es no. El carácter pacífico o no-violento de la protesta social, promovido y permitido por el gobierno, es tan solo la expresión de una lectura liberal – conveniente e ingenua – de lo que en términos generales se conoce como el derecho a la protesta, y lo que en términos teóricos se denomina desobediencia civil. La lectura liberal define este concepto como un acto público, no violento y civilizado, que debe ser comunicado previamente, que apela al sentido de justicia de la mayoría, que se realiza dentro de los límites de la fidelidad al Derecho y sin desafiar la legitimidad del orden existente (Rawls: 1971; Habermas: 1985).

Sin embargo, el problema de entender el derecho a la protesta social de esa forma es que termina oscureciendo y negando el carácter contestatario y crítico de muchas prácticas de lucha, genuinamente políticas y democráticas (Celikates: 2015). A pesar de ello, muchos consideran que en las sociedades democráticas los ciudadanos deben limitarse a expresar su desacuerdo dentro de los mecanismos legalmente permitidos para influir en las decisiones políticas. Es en base a esta idea en que supuestamente se justifican expresiones como la recientemente señalada por el actual Ministro del Interior: “Creo que la Policía Nacional está en condiciones de darle toda la seguridad a la ciudadanía (…) lo único que recomendamos primero es que también tienen que respetar el libre tránsito de ciudadanos y hacer caso a la Policía”[1].

No obstante, lo que oculta dicha perspectiva es que los ciudadanos utilizan la protesta como mecanismo de presión justamente cuando los canales institucionales de comunicación con el gobierno están obstaculizados o cerrados, o simplemente resultan inefectivos. Ante dicho escenario, la protesta social se presenta como la única posibilidad que tienen los ciudadanos para enfrentarse, a través de una práctica colectiva, a la autoridad vertical del gobierno, y demostrar el poder horizontal que surge de la asociación de ciudadanos (Celikates: 2016).

Referencias:

Celikates, Robin (2016). “Rethinking Civil Disobedience as a Practice of Contestation—Beyond the Liberal Paradigm”. En: Constellations, V. 23, N° 1, pp. 37-45.

Celikates, Robin (2015). “Learning From the Streets: Civil Disobedience in Theory and Practice”.

Rawls, Jhon (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.

Habermas, Jürgen (1985). “Civil Disobedience. Litmus test for the democratic constitutional State”. En: Berkeley Journal of Sociology, Vol 30, 1985, pp. 95-116

[1] Ver: http://altavoz.pe/2017/12/27/30410/ministro-del-interior-romero-sobre-marchas-contra-indulto-es-un-derecho-natural-el-derecho-a-la-protesta

Créditos de la imagen: https://www.widewalls.ch/political-art Ahmet Ogut – Bakunin’s Barricade, 2015

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