¿De dónde viene la corrupción sistemática del Estado?

Por Sebastián León

Los peruanos ya nos problematizábamos por el grado de corrupción de nuestras instituciones y funcionarios desde antes del escándalo de Odebrecht. Escuchamos mucho, no solo entre nuestros conocidos, amigos y familiares, sino también entre figuras públicas y autoridades del medio, hablar sobre una arrasadora “crisis de valores” que vendría plagando el ámbito de lo público, carcomiendo las instituciones de nuestro frágil Estado de Derecho. Muchos especialistas en ciencia política atribuyen la corrupción no tanto a la escasa integridad moral de los agentes individuales como a una debilidad fundamental de nuestra institucionalidad: ahí donde las instituciones públicas son fuertes, nos dicen, donde perduran en el tiempo y operan regularmente según las reglas establecidas del juego democrático, la presencia de magistrados corruptos individuales se hace progresivamente menos problemática para la estabilidad general del orden político.

Desde mi punto de vista, ambas posiciones son erradas. La primera, más cercana al sentido común, sería excesivamente individualista, atribuyendo el problema exclusivamente a responsabilidades individuales y perdiendo de vista la estructura mayor en la que encaja la agencia individual de los funcionarios y políticos corruptos; la segunda, por su parte, más cercana al esquema social de la ciencia política y la economía, fallaría por operar bajo un tipo distinto de abstracción en su aproximación a la sociedad, en la que los distintos ámbitos de la sociedad pueden concebirse como compartimentos estancos (como la política, la economía y la sociedad civil), cada una con su propia lógica interna: el rol de la política democrática supuestamente sería representar los intereses de las otras esferas sociales sin privilegiar ninguno, lo que les llevaría a afirmar que una “debilidad” del Estado y las instituciones democráticas llevaría a la interferencia de ciertos intereses en la lógica política.

Pienso que para comprender con mayor precisión teórica el problema de la corrupción en nuestras instituciones haría falta una mirada más holística sobre lo social (o dialéctica, en tanto que buscaría pensar la manera en que se relacionan los distintos momentos en el espacio social). Esto implicaría, entra otras cosas, historizar la aproximación teórica: el Estado y las instituciones que componen la esfera política no emanan de las nubes como un árbitro depurado de intereses que puede ser coaptado externamente, sino que garantizaría, por medio del poder coercitivo jurídicamente sancionado, el mantenimiento en el tiempo de relaciones sociales y económicas concretas, como lo son las relaciones de propiedad, intercambio y producción. Desde los años 90’s en adelante, amparados en un gobierno autoritario como el de Alberto Fujimori, se tomaron medidas para transformar nuestras instituciones políticas en instancias para el establecimiento, defensa y promoción de condiciones favorables al (gran) emprendimiento privado, dando lugar a un modelo político-económico en el que ha de regir, ante todo, la absoluta confianza de los grandes empresarios sobre sus posibilidades de inversión, incluyendo legislaciones para condonar tributos millonarios, la reducción de derechos laborales valorados por las clases propietarias (y sus voceros en la prensa y la academia) como “sobrecostos”, el abaratamiento de los capitales del Estado, el traspaso de servicios públicos al sector privado, la expropiación de los legítimos dueños de la tierra en nombre de la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo (con la potestad de concesionarlos para su extracción a capitales extranjeros), etc. Esto, sumado a una muy poco clara legislación en lo que refiere a los aportes económicos que pueden recibir los políticos y sus partidos para financiarse, habría dado lugar a una relación sinérgica entre las instituciones peruanas y el sector empresarial, y que se habría mantenido aún después de la caída de Fujimori del poder y la entrada del país en este período “democrático”. En este escenario, la corrupción aparece como endémica al funcionamiento de las propias instituciones políticas, estando cortadas a la medida de los intereses de los grandes grupos de poder económico, favoreciendo sus libertades económicas en desmedro de las libertades del común de los ciudadanos. El problema, entonces, no pasaría por una “debilidad” de las instituciones del Estado, sino que, por el contrario, estas demuestran mucha fortaleza para mantener el modelo político-económico vigente; la raíz del problema se hallaría, más bien, en la propia lógica inmanente a dicho modelo. Por esta razón, combatir la corrupción sistémica rampante implicaría no una transformación de las conciencias individuales ni una reforma de las instituciones para “desacoplar” los intereses del Estado de los del empresariado, sino una transformación radical de las relaciones económicas cuyas dinámicas se reproducen desde el aparato estatal.

Créditos de la imagen: Gueli Korshev

 

 

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