¿Por qué esquivamos la discusión sobre el delito de lesa humanidad en el caso “El Frontón”?

Por Noemí Ancí

A lo largo de las últimas semanas, mucho se ha dicho sobre la reapertura -en sede judicial- del caso El Frontón a partir de una reciente decisión del Tribunal Constitucional, y sobre la posterior denuncia que el Congreso de la República ha planteado en contra de los miembros del tribunal que votaron a favor de dicha decisión. Entre las diversas opiniones que se vienen difundiendo en los medios, encontramos, con escasas excepciones, aquellas en las que se discute el problema de fondo. En la gran mayoría, las opiniones se limitan a criticar la forma en que los actuales miembros del Tribunal Constitucional emitieron la sentencia. Dichas opiniones, sin embargo, esquivan una pregunta pública fundamental: ¿el Estado peruano debe investigar los hechos acaecidos durante el 18 y 19 de junio de 1986 en el establecimiento penitenciario conocido como El Frontón?

Es cierto que han transcurrido más de treinta años del hecho en cuestión, y también es verdad que a lo largo de todo este tiempo el caso ha sido utilizado, en diversos escenarios, como objeto de manipulación política. Sin embargo, dichos factores no pueden servir como razones suficientes para criticar, de manera contundente, la decisión de reabrir una investigación de tal magnitud. Cabe recordar que, durante el motín de junio de 1986, murieron un total de 133 reos y tres marinos, y que la única investigación que se realizó en aquella época por parte del Estado peruano fue archivada en la competencia de un tribunal militar. Asimismo, es importante mencionar que varios años después, cuando el Estado retomó el caso en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la investigación fue bloqueada en el 2013 por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de aquel año, que consideró que los sucesos investigados no podían ser considerados como constitutivos del delito de lesa humanidad.

Dicho pronunciamiento bloqueó la investigación debido a que el delito de asesinato, por el cual se estaba investigando a los ex-marinos implicados, ya había prescrito y, por lo tanto, la única forma de continuar con el proceso judicial era calificando los hechos como crímenes de lesa humanidad (delito que, por su gravedad, es imprescriptible). Debido a ello, a pesar de que el Tribunal Constitucional de aquel entonces ordenó que se continuase con la investigación en cumplimiento del mandato internacional, era evidente que el proceso judicial estaba destinado al fracaso, y continuaría únicamente en términos formales, ya que los ex-marinos no podrían ser inculpados ni por el delito de asesinato, ni por el de lesa humanidad.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el caso de El Frontón ha vuelto al centro de discusión de la opinión pública. Ello porque los miembros del actual Tribunal Constitucional (cuya conformación es distinta a la del año 2013), han emitido una decisión mediante la cual se corrige la sentencia del 2013. Dicha corrección se basa en el argumento de que uno de los magistrados del tribunal anterior, el juez Juan Francisco Vergara Gotelli, tuvo una confusión al momento de colocar su rúbrica en la sentencia. Mientras que en ella se prohibía que los hechos fueran investigados como crímenes de lesa humanidad, en su voto singular, anexado a la sentencia, el magistrado Vergara Gotelli habría indicado que no estaba de acuerdo con que el Tribunal se pronunciara respecto al caso, ya que dicha acción únicamente correspondía, por competencia, al Poder Judicial. Por ese motivo, sin el voto del magistrado mencionado, la sentencia del 2013 carecía de la mayoría necesaria para prohibir el uso del delito de lesa humanidad.

A pesar de que la sentencia de abril de 2017, emitida por el actual Tribunal Constitucional, no autoriza expresamente a que se reabra la investigación por el delito de lesa humanidad, en la práctica, el Poder Judicial sí lo puede hacer. De hecho, en el mes de octubre, la Sala Penal Nacional ha determinado mediante una audiencia pública que los presuntos delitos de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con ferocidad y explosión,[1] por los cuales se procesa a 35 ex-marinos, serán considerados como delitos de lesa humanidad. Por ello, en las últimas semanas se ha lanzado una serie de críticas en contra del Tribunal Constitucional por haber reabierto un caso que ya había concluido en el pasado. Incluso, recientemente, el Congreso de la República ha iniciado un proceso de investigación en contra de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la corrección de la sentencia del 2013. Se les imputa haber vulnerado el principio de cosa juzgada, recogido en la Constitución, según el cual está prohibido anular sentencias de casos cerrados.

En relación con ello, las críticas de la opinión pública se han concentrado justamente en el hecho de que los magistrados habrían excedido los límites institucionales de su cargo, contradiciendo incluso a la propia Constitución. Entre los principales argumentos esbozados está, por un lado, aquel según el cual el principio de cosa juzgada constituye una norma constitucional que, por ningún motivo, puede tolerar excepciones; y por otro, el que se estaría vulnerando, además, el principio constitucional de irretroactividad, ya que el delito de lesa humanidad entró en vigencia en el sistema jurídico peruano recién en el año 2003 y, por lo tanto, no se podría utilizar para un caso que ocurrió 17 años antes.

Ambos argumentos, es decir, tanto la supuesta vulneración al principio de cosa juzgada como al de irretroactividad de la ley, tienen en común el hecho de que protegen la seguridad jurídica, entendida esta como aquella confianza que tiene el ciudadano en que no se lo vuelva a juzgar por un caso que ya se cerró en el pasado, o por un delito que no está previsto en el presente. Sin embargo, las posiciones que critican el accionar del actual Tribunal Constitucional no toman en consideración que, así como cualquier otra norma constitucional, el principio de cosa juzgada y el de irretroactividad no tienen un carácter absoluto. Su protección irrestricta podrá ser matizada únicamente en aquellos casos en los que exista otro principio, de naturaleza también constitucional, que esté siento afectado; como puede ser el caso, por ejemplo, de un derecho fundamental.

Sin ánimos de entrar en mayor profundización al respecto, lo que se busca con dicha precisión teórico-jurídica es llamar la atención sobre las posibilidades argumentativas que legitimarían la reciente decisión del actual Tribunal Constitucional de reabrir el caso de El Frontón. En el año 2013, si bien hubo muchas críticas respecto a la decisión del Tribunal de aquel entonces de prohibir el uso del delito de lesa humanidad, a pesar de que esta acción era competencia exclusiva del Poder Judicial, este último respetó y acató la decisión. Muchos consideraron que una decisión de ese tipo, aunque con deficiencias institucionales, era positiva para cerrar un caso que generaba inestabilidad social y política puesto que mantenía abierto un suceso evidentemente relacionado con el periodo de violencia armada interna.

Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales que definen a una sociedad auténticamente democrática es la posibilidad de que se vuelvan a discutir en la esfera pública temas que, a pesar de que hayan tenido una decisión mayoritaria en el pasado, siguen generando un debate en el presente. Teniendo en cuenta ello, cabe considerar que el actual Tribunal Constitucional emitió un nuevo pronunciamiento sobre el caso de El Frontón debido a una creciente demanda de ciertos actores sociales respecto a que la investigación sobre la posible vulneración de derechos humanos no sea archivada. Ante ello, los miembros del Tribunal han tratado de reabrir -forzando o no las formas jurídicas- un tema que aún queda pendiente por resolver en la memoria histórica, política y social del país.

Por supuesto, la posibilidad de modificar una decisión del pasado con fines deliberativos no siempre será positiva para la salud de una sociedad, y por ello es importante que nos preguntemos, como peruanos, si es que el caso El Frontón amerita una nueva discusión pública; pregunta que deberemos responder considerando, sobre todo, el hecho de que el delito de lesa humanidad está basado en consideraciones que trascienden los límites del Derecho positivo, al estar íntimamente relacionado con una cuestión de justicia.

Nota

[1] Artículo 108° del Código Penal peruano – Homicidio Calificado: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Por ferocidad, por lucro o por placer; (…) 4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas”.

Créditos de la imagen: Peru 21

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