Habermas y los fundamentos deliberativos del Estado democrático y social de derecho (II)*

Por Gianfranco Casuso

4.- La democracia deliberativa como realización del Estado democrático de derecho

Los derechos subjetivos en que se funda el status de persona jurídica están vinculados a la perspectiva de actores que se guían por sus propios intereses. El cumplimiento de estos derechos garantiza la autonomía privada, pero los destinatarios quedan exonerados de una toma de posición frente a la validez de sus decisiones, puesto que el código jurídico los exime de la responsabilidad de justificarlas públicamente. En otras palabras, la libertad comunicativa queda excluida del punto de vista del beneficiario de los mencionados derechos subjetivos, para quien poco importa si las normas que regulan sus acciones podrían justificarse. Como afirma Habermas, “la autonomía privada llega allí donde el sujeto jurídico tiene que empezar a dar cuenta y razón, hasta allí donde tiene que dar razones públicamente aceptables de sus planes de acción”[1].

No obstante, por definición, el principio jurídico exige no solo el cumplimiento de libertades subjetivas, sino de iguales libertades conforme a una ley general; y es precisamente aquí donde entra el elemento de legitimidad que el derecho requiere. Para Kant, la exigencia de legitimación se encuentra en el ingrediente universal que representa la ley general. Pero en su caso dicha legitimación última se funda en la moral, por lo que al legislador político solo le compete la tarea de positivar derechos cuyo contenido queda establecido “desde fuera” del sistema jurídico.

Si se quiere hacer valer la idea de la autolegislación de modo pleno, debe poder integrarse –en el medio jurídico mismo– la noción de destinatario del derecho, la cual permite la protección de libertades subjetivas y el ejercicio privado de la autonomía, con la idea de creador del derecho, la cual garantiza el cumplimiento de la soberanía popular. Así pues, se requiere que sean los ciudadanos mismos los que legitimen las normas mediante el ejercicio de sus facultades comunicativas. Esta tarea deben realizarla como sujetos jurídicos (no como personas naturales o “legisladores morales” desencarnados en el sentido kantiano), es decir, como miembros de una sociedad entendida como comunidad jurídica en la que fluya la libertad comunicativa (y no desde los límites de esta).

Según la posición defendida por Habermas, el primer paso para fundar aquel sistema de derechos al interior del cual se garanticen ambos momentos consiste en reconocer la neutralidad del Principio D frente a la moral y al derecho. Es neutral porque se basa únicamente en las condiciones pragmático-formales de la argumentación racional que es de por sí independiente de las esferas jurídica y moral.

Este principio D, que contiene las condiciones que tendría que satisfacer una norma de acción en general para ser válida, debe ser jurídicamente institucionalizado, tomando con ello la forma de un principio democrático que a, su vez, sirve para garantizar la legitimidad de la producción del derecho. Tal institucionalización jurídica de D es lo que de hecho habría ocurrido en la historia del derecho occidental y es a lo que Habermas llama la génesis lógica del derecho.

 

5.- El Estado democrático y social de derecho como un “sistema” articulado de derechos

Tal génesis explicaría cómo las distintas categorías de derechos desarrolladas históricamente se hallan internamente relacionadas, lo cual hace imposible que se realicen independientemente unas de otras. Que tales derechos solo puedan ser garantizados como un sistema implica, por lo demás, que la autonomía privada y la autonomía política se complementan a través de la articulación de las siguientes categorías básicas.

(i) Derechos a iguales libertades subjetivas de acción.

(ii) Derechos de pertenencia a una comunidad jurídica.

(iii) Derechos relativos a la defensa de las dos primeras categorías.

Estas tres categorías, en principio abstractas, cumplen la función de establecer el código jurídico y dan lugar, con ello, a la creación del status de persona jurídica. No obstante, estas garantizan únicamente la autonomía privada de las personas, es decir, apuntan al reconocimiento del rol de beneficiarios del derecho que poseen los individuos en la comunidad jurídica.[2] Para hacer valer también el papel de co-autores –esto es, para garantizar la autonomía política– se requiere introducir:

(iv) Derechos políticos relativos al cumplimiento de las condiciones necesarias para establecer derecho legítimo mediante la formación de la voluntad y la opinión común en base al reconocimiento de pretensiones de validez normativas.

(v) Derechos que garanticen las condiciones sociales de vida que hagan posible un disfrute igualitario de todos los derechos anteriormente contemplados.

Esta génesis no pretende veracidad histórica, sino solo necesidad lógica. Dicho de otra forma, cada categoría de derechos funciona como condición de posibilidad de la anterior, estableciéndose entre ellas un indesligable vínculo interno. En ese sentido, tal conjunto de derechos no puede cobrar existencia si no es como un sistema. Según esto, los derechos políticos aseguran que todos los ciudadanos participen en igualdad de condiciones en procesos de formación de la voluntad y la opinión, es decir, hacen posible el uso público de la libertad comunicativa de cada persona. Pero ya que estos ciudadanos se encuentran ya dentro de una comunidad jurídica específica, su autonomía debe ser ejercida con los medios que proporciona el derecho. Esto último no es sino la intuición básica detrás del concepto de Estado democrático de derecho. Por su parte, los derechos sociales garantizan las condiciones materiales para la participación significativa en tales procesos público-políticos y, en general, para el ejercicio  real, y no solo la garantía formal, de todas las otras categorías de derechos.[3]

Por estas razones, defender los derechos subjetivos en detrimento de los derechos sociales o los políticos de participación –como si realmente pudieran separarse–, implica no reconocer la necesidad lógica que los vincula internamente como un sistema. Dicho de otro modo, tomar al Liberalismo por sí solo, sin una cuota de democracia deliberativa y Estado social, significa obstruir las condiciones de posibilidad de aquellos derechos individuales que constituyen su propio núcleo normativo, considerándolos solo en su aspecto formal y condenándolos, con ello, a su no realización. Ello constituye claramente una contradicción inmanente, aquella que consiste en afirmar algo (el valor de los derechos individuales) y negar simultáneamente aquello que lo haría posible (la participación público-política y su garantía material mediante derechos sociales).

Créditos de la imagen: http://cientificossocialesdelmundo.blogspot.pe

*Este artículo fue publicado anteriormente en el portal Pólemos de la Asociación civil Derecho y sociedad.

[1] Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid: Trota, 1998, p. 186.

[2] Las primeras tres categorías de derechos son introducidas de manera formal, necesitando de la interpretación, desarrollo y determinación concreta. Ellas solo informan acerca de aquellos elementos generales –todavía abstractos– que tendrían que reconocerse las personas si quieren salvaguardar sus libertades subjetivas dentro de una comunidad jurídica, pero no dicen nada aún de una organización estatal que ponga tales derechos en práctica efectiva volviéndolos vinculantes, ni tampoco habla de cuáles derechos específicos deben reconocerse. Al ser solo categorías no saturadas o “principios jurídicos” requieren un  legislador histórico que las haga efectivas al interior de una comunidad jurídica concreta. Este cambio de perspectiva que significa pasar del punto de vista de la introducción teórica a la praxis de constitución real de normas de acción determinadas es lo que da lugar a la categoría de los derechos políticos. Si bien el legislador debe mantenerse dentro de los márgenes de aquellos tres principios, esto no significa que supedita su voluntad a un conjunto material de derechos “liberales” o a alguna suerte de derecho natural o moral. Las tres primeras categorías solo establecen el medio jurídico dentro del cual el legislador debe actuar, mientras que los derechos liberales específicos –concernientes a la dignidad del ser humano, a la propiedad, entre otros– serían ya determinaciones concretas de tales categorías.

[3] Cf. Rawls, John, Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001, pp. 148-152.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s