Habermas y los fundamentos deliberativos del Estado democrático y social de derecho (I)*

Por Gianfranco Casuso

1.- Kant y la tradición del Derecho natural racional

La tradición del derecho natural racional, representada paradigmáticamente por Kant, parte de una noción de derecho cortada a la medida de la libertad individual de los sujetos. Así, el principio jurídico al que Kant se refiere al afirmar que “una acción es conforme a derecho cuando permite, o cuya máxima permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley universal”[1] está dirigido a establecer las condiciones formales bajo las cuales todos los miembros de una comunidad podrían gozar de iguales libertades de acción, esto es, perseguir sus propios intereses sin más restricción que los intereses de los demás, límites que son fijados por la ley y sancionados por el poder estatal.[2]

Bajo esta concepción, al igual que para Hobbes, el Estado cumpliría básicamente el rol de regulador de los intereses privados. Estos se basan en una concepción subjetivista de la persona, la cual se erige como el núcleo básico e inalienable de la sociedad. El derecho a iguales libertades de acción se convierte para Kant en una suerte de derecho original pre-político, basado en la idea moral de la autonomía del ser humano. Esta capacidad de autodeterminación individual puede cobrar luego realidad mediante su positivación en un sistema de derechos, a través del cual se manifiesta la autonomía política de los individuos.

No obstante, el problema con esta forma de comprender al derecho descansa en la excesiva importancia concedida a la autonomía de tipo moral-subjetivo en lo que respecta a la justificación de los órdenes sociales. Tal subordinación del derecho bajo la moral se puede entender también como la primacía liberal de los derechos individuales sobre el principio republicano de la soberanía popular.

 

2. El debate entre Liberalismo y Republicanismo. Kant vs. Rousseau

En el ámbito de la teoría política, el núcleo de la propuesta liberal es la defensa de los derechos subjetivos: expresión de la autodeterminación moral de los individuos. El republicanismo, por su parte, defiende la soberanía popular en tanto manifestación de la autorrealización ética de los ciudadanos.

Desde comienzos de la década del ochenta, ambas posiciones han entrado en competencia, reproduciendo la clásica oposición entre un planteamiento moral-naturalista que defiende los derechos individuales incluso por sobre la voluntad del colectivo, y un planteamiento ético-normativo que no concibe derecho alguno en tanto no sea resultado de la apropiación consciente de las tradiciones en las que los ciudadanos se hallan ya inmersos. Kant (o Hobbes y Locke, por el lado anglosajón) y Rousseau son, respectivamente, los más lejanos precedentes de estas posiciones.

Para Kant, los derechos subjetivos son de carácter universal. Esto significa que son válidos independientemente de las creencias o valores de las comunidades en las que se deben aplicar: ellos se basan en la propia naturaleza humana. Los procesos legislativos solo reproducirían el contenido moral de tales derechos, con lo cual el derecho únicamente vendría a confirmarlos o determinarlos a posteriori. No hay, desde esta perspectiva, proceso político alguno que pueda poner en cuestión tales derechos, ya que su justificación última no compete al terreno empírico de la deliberación, sino a un fundamento metafísico irrefutable. Rousseau siguió el camino inverso. Él hace descansar la validez normativa y la obligatoriedad de los derechos subjetivos en el proceso legislativo mediante el cual las costumbres de un pueblo se tornan conscientes para los propios ciudadanos y adquieren forma legal. Para Rousseau, la autonomía está definida esencialmente en términos ético-políticos, es decir, como la “realización de la forma de vida de un pueblo concreto, conscientemente asumida”[3].

Pero aunque Rousseau afirma una relación estrecha entre las costumbres y las leyes, no llega a explicar satisfactoriamente cómo la voluntad de cada individuo logra de facto ponerse en consonancia con la de todos los demás para así conformar la “voluntad general”. Esta indeterminación conlleva siempre el riesgo de que un Estado totalitario imponga su interpretación oficial del “bien común”, de lo “bueno para todos”, y busque aplicarlo, incluso a costa de los mismos individuos y de sus intereses particulares.

Las teorías deliberativas, desarrolladas desde finales de los años ochenta, quieren encontrar precisamente un nexo entre aquellos dos momentos; entre la autonomía privada, asegurada por los derechos subjetivos, y la autonomía público-política, encarnada en el principio de soberanía popular y las prácticas de autolegislación ciudadana.

 

3.- La democracia deliberativa y la articulación de la autonomía privada y la autonomía público-política

Desde la perspectiva de las teorías deliberativas de la democracia, introducidas, entre otros, por Jürgen Habermas, Jon Elster y Joshua Cohen, la voluntad común o general solo puede fundarse en el espacio abierto por la práctica argumentativa de ciudadanos que están dispuestos a discutir utilizando razones y someterse a un principio general (llamado “Principio D” por Habermas) que regula la discusión y permite que todos sean escuchados y respetados por igual.

El discurso argumentativo tiene el poder de establecer consensos y cumplir la función de congregar a las diversas voluntades para formar convicciones comunes. Los acuerdos así formados son legítimos en la medida en que han sido establecidos sin coacción alguna, únicamente a partir de la cooperación comunicativa de todos los participantes. Este consenso toma la forma de una auténtica voluntad general, en la cual se articulan racionalmente los contenidos materiales de las voluntades individuales agrupadas.

El concepto de autonomía que a Habermas le interesa defender responde a esta formación discursiva de la opinión y la voluntad según la cual puede hacerse valer al mismo tiempo el carácter privado de un sujeto que se representa a sí mismo en los procesos de argumentación y el carácter público, por medio del que el mismo individuo participa en los procesos de producción de las normas de su sociedad.

Esta estructura encarna la figura de la autolegislación (que resume para Habermas la idea básica de la libertad), según la cual los sujetos deben considerarse simultáneamente como destinatarios y autores de las normas y leyes. Y esta estructura comunicativa racional que hace justicia a una noción plena de autonomía es la que debe conformar, además, el núcleo de un sistema jurídico legítimo. La idea es que la autonomía privada y la pública solo pueden hacerse valer simultáneamente en el seno de un sistema de derechos, concebido como un todo y legitimado en términos discursivos. El régimen democrático debe quedar definido de modo tal que posibilite la realización de los derechos subjetivos a la vez que garantice la práctica ciudadana entendida como soberanía popular.

Como se había visto, modelos como el kantiano, según el cual el derecho tendría la función principal de defender iguales libertades subjetivas de acción mediante la formulación de una ley general, prestan escasa atención al proceso mismo de producción del derecho, el cual –en el modelo deliberativo– soporta todo el peso de la legitimación de cualquier norma de acción que pretenda ser considerada como parte del sistema jurídico. Incluso las más básicas libertades subjetivas, que en el modelo kantiano venían aseguradas moralmente –esto es, desde fuera del sistema jurídico–, pueden adquirir existencia legítima solo por la vía del procedimiento democrático que lo mismo instaura que salvaguarda a la comunidad jurídica a través de la legítima producción del derecho.

Créditos de la imagen: http://www.x-pressed.org

*Este artículo fue publicado anteriormente en el portal Pólemos de la Asociación civil Derecho y sociedad.

[1] Kant, Immanuel, Metaphysik der Sitten, Ak. VI, 230.

[2] Cf. Kant, Immanuel, “En torno al tópico: ‘Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica’”, en: Teoría y praxis, Madrid: Tecnos, 1986, p. 25ss.

[3] Cf. Rousseau, Jean-Jacques, Contrato social, Madrid: Espasa-Calpe, 1972, III, I, p. 73.

 

 

 

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