De indultos y goles

Por Enrique Sotomayor

Indultar a Alberto Fujimori presenta dos grandes problemas: uno de tipo procedimental y otro de corte sustantivo. La cuestión es que la falta de distinción sobre los niveles de discusión ha oscurecido el centro del debate. En ese escenario, parece que no se ha reparado lo suficiente respecto del problema procedimental. Trataré, entonces, de precisar los niveles de discusión sobre el problema.

Desde el punto de vista sustantivo nos preguntamos si existen razones de fondo (o materiales) para otorgar el indulto; es decir, si el mismo es legítimo desde algún criterio moral o, incluso, pragmático. En este extremo se ha empleado, por ejemplo, el argumento del perdón, de la compasión o de la justicia como un instrumento por el cual los culpables deben responder a la sociedad o, en otros términos, pagar por sus delitos. Sin embargo, aquí se pasa por alto que si algo así como una teoría de la justicia tiene nuestro sistema penal, esta no parece ser retributiva[1]. Es decir, no esperamos que la pena sea una retribución o venganza por el daño infligido. Algunos abogados penalistas sostienen que la pena, más bien, restituye el valor de la norma vulnerada, para de esa manera restablecer la confianza de la ciudadanía en el imperio de la ley. A esta finalidad, además, se suma la de resocialización[2], recogida en la Constitución, y mediante la cual se busca la reinserción de la persona condenada a la sociedad.

Respecto a la cuestión de la restitución, no es que los delitos muestren la inoperancia del sistema penal, sino que su vigencia social se mide a través de la imposición de una pena a quien vulnera las normas. Desde luego que esta perspectiva tiene mucho de utópica, pero no es conveniente olvidar que el derecho descansa en un conjunto de pretensiones normativas que, de estar ausentes, despojarían al mismo de su base de legitimidad (o como la llamaría Weber, de la “fe en la legalidad”).

Por otra parte, desde el punto de vista procedimental encontramos dos sentidos que se suelen confundir. Por un lado, podemos hablar del procedimiento jurídico, y por otro, del procedimiento deliberativo. Desde el primer punto de vista, nos preguntamos si el indulto es acorde a las atribuciones de un funcionario y/o poder público, o si es conforme a los procedimientos previstos en nuestras normas. Desde luego, en un régimen presidencial como el peruano, la facultad de conceder indultos tiene un fundamento constitucional en el artículo 118, numeral 21. Como consecuencia de esta norma, entonces, los indultos son jurídicamente válidos. Pero como todo estudiante de derecho aprende desde el inicio de la carrera, una cosa es la validez formal (que se puede interpretar como una facultad o como el seguimiento de un mero procedimiento) y otra cosa es la validez material (o la concordancia de un acto o ley con los valores y principios que le dan sentido a un ordenamiento jurídico).

Esto nos lleva directamente al problema procedimental en el sentido deliberativo. Desde este punto de vista, parece razonable y justo que el indulto se conceda sólo cuando se ha discutido lo suficiente respecto de las implicancias de dicho acto. Para ello, todos los interesados en el debate, o aquellos que consideran que tienen un buen argumento para el mismo, deberían haber participado manifestando su opinión y los argumentos para sostener su postura. Como se ha recogido en noticias recientes, los familiares de las víctimas la masacre de La Cantuta han solicitado reunirse con el presidente para exponer sus preocupaciones y postura. A ellos habría que sumar una multiplicidad de voces que desde la opinión pública y la sociedad civil consideran que tienen algo que decir. Aquí se incluye tanto a quienes apoyan fervientemente como a quienes se oponen férreamente al otorgamiento del indulto. En suma: no se trata sólo de una discusión técnico-médica; el centro de la cuestión no consiste en si la enfermedad de Fujimori es terminal o no, sino sobre si aun con ello el indulto es una medida justificable.

Las recientes noticias que dan cuenta de que el presidente pensaría indultar a Alberto Fujimori en medio de la confusión producida por las fechas finales de las eliminatorias al mundial (y ahora, del repechaje) de fútbol de Rusia seguramente no pasan de especulaciones. Dudo que alguien que no sea cercano al selecto club de amigos íntimos de PPK (al sazonado ritmo de un pisco sour catedral en el Country Club) pueda tener una noticia fiable respecto a la cuestión. Sin embargo, las movidas recientes en el Ministerio de Justicia, así como gestos políticos con el fujimorismo nos permiten cierta paranoia nada implausible. En todo caso, el acto sería una forma grosera de suplantar el proceso político de deliberación en medio de la confusión ciudadana. Desde el punto de vista procedimental-deliberativo, el otorgamiento del indulto en estas circunstancias mostraría lo peor de las taras de la política peruana, que en casi 200 años de historia republicana se ha manejado con el mismo patrón sistemático. Y si no lo creen, cojan un libro –el que sea– de historia del Perú republicano. Lo que encontrarán es el mismo patrón que escinde el decir del hacer, y que funda la política en el engaño. En suma, al menos hoy, no es necesario discutir el fondo de la cuestión del indulto para oponerse al mismo.

[1] Aunque hay una interesante distinción entre retribución y venganza, aquí no la desarrollaré en profundidad. En todo caso, remito a la excelente entrada sobre el tema en la Stanford Encyclopedia of Philosophy.

[2] Se suele inferir esta finalidad a partir del artículo 139, numeral 22 de la Constitución, que señala “Son principios y derechos de la función jurisdiccional (…) 22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.”

Créditos de la imagen: peru.com

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