El ejercicio de la memoria y la política democrática

Por Gonzalo Gamio[1]

Hace unas pocas semanas, se cumplieron catorce años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al Estado peruano y a las instituciones de la sociedad civil. La discusión rigurosa del conflicto armado interno y nuestras responsabilidades frente a sus terribles efectos sobre nuestra sociedad permanece pendiente. Un sector mayoritario de nuestra “clase dirigente” – políticos, líderes empresariales, autoridades militares en retiro, jerarcas de la Iglesia católica, entre otros – se comprometieron con la tarea de bloquear el ejercicio de la memoria planteado por la Comisión. No plantearon memorias alternativas que pudiesen confrontarse con el Informe Final en los foros de deliberación pública. Se sintieron tocados por las conclusiones del documento, y decidieron cerrar filas contra todo intento de reconstrucción histórica del conflicto armado más cruento que ha afrontado el Perú desde la fundación de la República.

El mismo 28 de Agosto lamentablemente falleció Angélica Mendoza Almeida de Ascarza, conocida como “Mamá Angélica”, una valerosa mujer ayacuchana que dedicó más de treinta años de su vida a la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la violencia. Ella misma perdió a su hijo, desaparecido en 1983, luego de ser llevado por efectivos militares al cuartel Los Cabitos. No pudo encontrar a su hijo, pero asumió la causa de los desaparecidos de Ayacucho. Fundó con otros familiares de víctimas la ANFASEP, la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Quienes buscan reprimir el trabajo de la memoria – tanto desde la extrema derecha como desde la izquierda más radical – suelen no tomar en cuenta el significativo testimonio de vida de Mamá Angélica y de quienes la han acompañado en esta batalla moral por los derechos de las víctimas.

El ejercicio de la memoria que pretende reivindicar derechos fundamentales y reconstruir instituciones democráticas le otorga un lugar central al testimonio de las víctimas y a sus exigencias de justicia y reparación.  Ellos eran ciudadanos como nosotros – merecedores de respeto y trato igualitario -, pero fueron golpeados por la pobreza y la exclusión primero, y luego por la violencia terrorista o represiva.  Muchos de estos peruanos no encontraron ninguna clase de acogida o protección cuando recurrieron a las comisarías, los tribunales, los municipios o las sedes episcopales buscando información acerca del paradero de sus seres queridos. Por ello, Primitivo Quispe – una de las víctimas del conflicto – señala que los trataron como pertenecientes a pueblos ajenos dentro del Perú. Transformar esta situación a través del trabajo anamnético y la acción de la justicia constituye una prioridad insoslayable para una sociedad libre.

Sin embargo, se ha construido en el Perú una suerte de “sentido común conservador” que conspira en contra del ejercicio de la memoria. Los columnistas de opinión intentan desestimar – sin ofrecer argumentos – el relato ofrecido por la CVR, sin formular una lectura de la historia del conflicto fundada en razones. Incluso existe la tendencia a falsear los hechos, como sostener que fue Alberto Fujimori quien formó el Grupo Especial de Inteligencia que capturó a Guzmán. Son los mismos columnistas que hoy han convertido el tema del indulto a Fujimori en un tema de negociación política y cálculo utilitario, sin considerar la gravedad de sus delitos ni la perspectiva de las víctimas. Este discurso debe ser sometido a crítica y desenmascarado en los espacios públicos disponibles en el sistema político y en la sociedad civil.

La reconstrucción de la memoria es una tarea pública que convoca a todos los ciudadanos. Se trata de defender el derecho de las víctimas a lograr justicia y saber la verdad. Mientras un grupo significativo de peruanos que han sufrido violencia permanezcan sin ser tratados como ciudadanos – en medio de la indolencia de nuestros políticos – no podemos sostener que vivimos en una auténtica democracia liberal. Sus demandas no son cosa del pasado; su complimiento constituye una condición fundamental para renovar la esperanza en el Perú como una sociedad que se propone firmemente construir una genuina cultura de paz.

[1] Gonzalo Eduardo Gamio Gehri es Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.

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