Pray for Venezuela y la huelga de maestros en el Perú. Una cara de dos monedas

Por Gianfranco Casuso

En este breve texto quiero analizar dos casos de protestas sociales y desobediencia civil en Latinoamérica que han recibido atención mediática, aunque de manera desigual. Me refiero a las recientes huelgas de maestros, trabajadores de la salud y trabajadores mineros (por citar algunos), en el caso del Perú, y a las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro (que pueden rastrearse hasta el de Hugo Chávez) en el caso de Venezuela. En concreto, la pregunta que trataré de responder, con las obvias limitaciones, es por qué el caso venezolano suele ser percibido por el grueso de la opinión pública como una resistencia legítima, mientras que el peruano no suele contar con la misma aceptación e interés. 

Creo que hay suficiente evidencia para descartar la fácil hipótesis según la cual la represión violenta sería exclusiva del gobierno venezolano y que es eso lo que distingue este caso de otras protestas sociales en la región. Protestas que, lamentablemente, no han conseguido tanto apoyo incondicional –si bien es cierto que muchas veces este apoyo se ve reducido a hashtags y banderitas en el facebook. Esto puede quedar más claro si tomamos en cuenta actos de represión como el ocurrido en Perú en el año 2009 en Bagua. Precisamente allí se trataba del desalojo de miembros de distintas etnias amazónicas que, en un claro acto de desobediencia civil, bloqueaban la carretera Fernando Belaúnde Terry para oponerse a una ley que favorecía la explotación de petróleo, gas y otros minerales por parte de empresas transnacionales. El saldo fue de 33 muertos y más de 200 heridos. Casos como este –que no son pocos en el Perú– parecen mostrar, pues, que no es exactamente el grado de represión policial y militar lo que hace que determinadas protestas reciban apoyo espontáneo y que los manifestantes gocen de la empatía casi automática de la población, así como de la atención y solidaridad de los grandes medios de comunicación. ¿Qué es, entonces, lo que haría que tantos se solidaricen con las luchas del pueblo venezolano y se muestren menos comprometidos con las de los campesinos, maestros, médicos o trabajadores mineros peruanos? Quiero empezar con dos posibles y bastante discutidas respuestas.

Una primera respuesta –bastante simple– es que en el caso de Venezuela las protestas más radicales y los intentos golpistas estarían motivados por intereses privados que los tradicionales grupos de poder harían pasar como demandas de justicia básica. Para ello recibirían el apoyo de los medios masivos de comunicación y de gobiernos aliados, de modo que lograrían manipular a la opinión pública global y mantener así sus privilegios. En ese sentido, da igual si sus adherentes y aportantes los encuentran entre auténticos demócratas, banqueros, oligarcas o nostálgicos terratenientes. A todos los uniría una suerte de afinidad electiva fuertemente ligada a la idea, extendida en dichos ambientes, de que la izquierda es esencialmente nociva y –como diría el fanático simpatizante de la doctrina Truman– debe ser combatida allí donde busque asomarse. Esta respuesta puede ser en parte cierta, pero no me parece ser una opción realmente convincente o seria para diferenciar entre el apoyo a uno u otro tipo de protesta.

Una segunda respuesta podría ser llamada “liberal”. Según esta, lo que legitimaría a una protesta sería su enfrentamiento con una tiranía –ya sea para restablecer un estado de cosas democrático interrumpido o para instaurar uno donde antes no lo hubo. Este tipo de protesta se diferenciaría de aquellas que se dan en el seno de un gobierno democrático, dentro del que no sería legítimo transgredir los límites impuestos por ciertos principios elementales, los cuales serían incuestionables al formar parte de lo que Rawls llama el sentido de justicia de la mayoría. Entre estos principios se encuentran las interpretaciones unívocas –auténticas– de las libertades liberales clásicas, tales como el derecho de reunión, a la propiedad o al libre tránsito. A pesar de sus virtudes, el problema con esta segunda aproximación es que coloca toda la carga de la prueba en la indiscutible legitimidad de aquellos principios de orden superior y, claro está, eso es tanto como postular para ellos una fuente trascendental de validez que no necesita ser demostrada. Y con ello su justificación sería independiente de todo proceso democrático de constitución social.

Asumiendo, pues, que ninguna de estas dos explicaciones es completamente satisfactoria, en lo que sigue voy a tratar de abordar el asunto de un tercer modo. Para ello creo que puede ser conveniente, eso sí, partir del análisis de la lectura liberal, ya que tanto el caso peruano como el venezolano suelen ser interpretados bajo esta óptica y sería ella la que en buena medida habría permitido entenderlos como dos fenómenos sociales radicalmente distintos. Veamos esto más de cerca.

Tal como Robin Celikates recuerda, según la aproximación liberal debida sobre todo a Rawls y a Habermas, la desobediencia civil es un acto efectivo y legítimo de protesta, pero siempre dentro del marco general de fidelidad a la Ley.

(1) En el caso peruano se suele asumir que las recientes protestas de los maestros, médicos, trabajadores mineros, así como las de colectivos no sindicalizados como los que defienden la despenalización del aborto o la unión civil para personas del mismo sexo, a menudo sobrepasan estos estrictos límites. Tanto en forma como en contenido, llegaría un punto en que estas protestas sociales estarían fuera de la ley, por lo que no es difícil criminalizarlas o, al menos, deslegitimarlas. Pero existe, no obstante, una segunda y quizás más importante razón para desacreditarlas; y es que estas suelen interpretarse como estando motivadas por intereses particulares –subordinados, muchas veces, a los fines políticos de grupos extremistas o abiertamente subversivos. Dichos intereses se enfrentarían y pondrían en riesgo un supuesto interés nacional más alto que, sustentado en principios fundamentales, habría sido ya descubierto y se encontraría justificado de antemano. En otras palabras –para concentrarnos en un caso concreto– la interpretación liberal consideraría que los maestros en huelga defienden una serie de intereses directamente enfrentados a un ideal superior ya consagrado, expresado en principios generales y que, de no ser por sus demandas arbitrarias, podría realizarse correctamente por medio de las instituciones y prácticas ya existentes. Y puesto que la desobediencia civil, por definición, no puede tender a la simple defensa de intereses particulares, sino que debe apuntar a un ideal moral superior, la protesta de estos sectores sociales sería ilegítima.

(2) Como he señalado, también en la percepción del caso venezolano se presupone un trasfondo liberal encarnado en principios de justicia básica que en teoría todos comparten y que operan como referentes inamovibles para evaluar la legitimidad de las protestas. Aquí, pues, los actos de los manifestantes se justifican en virtud de una suerte de ideal supremo –sin considerar que entre aquellos existen, además de demócratas, también grupos fascistas, paramilitares, golpistas o simplemente mercenarios. En ese sentido, la construcción ficcional de “pueblo venezolano” recibe apoyo incondicional porque aparentemente buscaría restaurar un estado de derecho legítimo amparado en principios liberales que habría sido interrumpido por un grupo que condena al país al “retroceso” económico y político.

Mi tesis es que en el análisis liberal de ambos casos hay algo importante que se está perdiendo de vista. Voy a tratar de explicarlo desglosándolo en sus dos aspectos.

(a) En primer lugar está el ignorado problema de la indeterminación normativa, el cual plantea la pregunta de si realmente existen principios que todos entiendan de manera unívoca y que sean “objetivamente” accesibles a los muy diversos grupos sociales. Lo que parece haber, más bien, es un conocimiento tácito sobre determinados valores y normas que regulan de distinta manera el comportamiento de las personas. Así, aunque pueda parecer que se está apoyando los mismos principios, ellos son, en realidad, constitutivamente indeterminados y esto conlleva conflictos de interpretación latentes, los cuales, llegado el caso, pueden manifestarse como protestas sociales. Así, en el caso de la reciente huelga de maestros en el Perú, los reclamos por libertad, justicia y bienestar tomados de manera abstracta representan a primera vista demandas con las que pocos estarían en desacuerdo. Este acuerdo tácito expresado en un inicial apoyo del 64% de la población en agosto, fue tornándose en rechazo conforme sus demandas fueron identificándose progresivamente con simples intereses opuestos a más respetables ideales nacionales. Muchos medios masivos vieron tempranamente que el apoyo de la ciudadanía disminuye cuando es mayor la brecha entre estos ideales y los intereses grupales particulares. Y disminuye aún más cuando apoyar las luchas de ciertos sectores sociales exige ya no la adecuación simple con principios inmutables, sino la aceptación de la esencial contingencia y la necesidad de reconfiguración de los principios mismos, así como del sistema de creencias en el que estos se apoyan. Esto se agrava, naturalmente, cuando las demandas particulares ni siquiera son compartidas por la mayoría o no gozan de suficiente popularidad. Es decir, en nuestro caso, cuando van asociadas a luchas sociales y económicas típicamente de izquierda (o son forzadas a ser vistas como “pro-senderistas”). En acentuar o forzar esta asociación algunos medios de comunicación son ciertamente expertos.

(b) Obviar el carácter indeterminado de los principios niega, además, un segundo aspecto básico de la desobediencia civil: su rol transformador. No se trata simplemente de oponerse, como ciudadanía atizada por los medios masivos, a ciertos obstáculos que aparentemente nos desviarían del buen y único camino –constituido sobre la base de cierta idea de progreso y desarrollo. A diferencia de esta función claramente restauradora, el aspecto transformador de la desobediencia civil apunta más bien a reconocer que un estado de cosas actual representa una defectuosa, incompleta o distorsionada encarnación de ciertos valores que, si bien pueden ser tácitamente aceptados, su contenido y modo de realización son siempre corregibles, precisamente en virtud de su indeterminación constitutiva. Por ello, las luchas sociales muchas veces sirven para revelar esta indeterminación y contingencia, ayudando a conferir nuevos significados a términos antiguos y modificar, así, la constelación de valores sobre la que los principios vigentes se asientan. Estas luchas ponen en evidencia conflictos de interpretación y contradicciones que son inherentes a principios normalmente aceptados. Su meta, pues, no consiste simplemente en retornar a un cauce original, sino en resignificar y transformar formas de valoración cuya validez no suele ser cuestionada. De este modo, se puede estar de acuerdo con la libertad, la justicia y el bienestar, pero si estos ideales se definen exclusivamente en términos de libertad de oportunidades y derechos individuales de propiedad, es claro que muchas de las demandas por libertad social o por una más equitativa distribución de los recursos serán rechazadas por estar fuera del canon de lo que legítimamente puede exigirse en una protesta. A diferencia de la tesis liberal (o incluso libertaria), no es conveniente partir simplemente de la incuestionada validez de los principios aludiendo a un cierta concepción pública del bien. Pese a su pretendida neutralidad, esta tesis presupone un ethos sustancial, accesible por igual a todos los miembros de la sociedad, el cual representa un punto de referencia exclusivo para el juicio y la crítica. Con esto no se consideran formas alternativas de interpretar y realizar los principios. Y es precisamente esto sobre lo que cabría legítimamente un desacuerdo.

En ese sentido, la desobediencia civil puede favorecer el desbloqueo de las capacidades cognitivas necesarias para percibir estas otras voces. Y esto, claro está, no ocurre únicamente dentro de los ámbitos deliberativos formales –bajo ciertas circunstancias y reglas de juego establecidas de antemano–, sino que exige más bien admitir la indeterminación y corregibilidad de aquellos principios que en un momento aparecen como plenamente justificados y correspondientes con la realidad social, pero que precisamente en virtud de actos de “desobediencia” pueden revelarse como habiendo sido encarnados de manera arbitraria o distorsionada, con lo cual el significado de los principios mismos exige una modificación.

Créditos de la imagen: AFP Venezuela, Ronaldo Schemidt

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