La racionalidad y los congresistas

Por Noemí Ancí

En el Perú estamos acostumbrados a las múltiples decisiones tomadas de forma arbitraria en el Congreso de la República –ya sea en la emisión o derogación de normas, así como en el ejercicio del control político que poseen las fuerzas parlamentarias. Si bien uno de los rasgos de la representación política moderna es la defensa del mandato libre, según el cual el congresista elegido “no es un delegado que representa los intereses particulares de los propios electores o de su propia circunscripción”[1], dicha representación sí conlleva un evidente deber jurídico-político que obliga al parlamentario a justificar sus decisiones ante la ciudadanía en general, en especial cuando dichas decisiones afectan seriamente los derechos de un sector de la población.

Recordemos algunos de los debates parlamentarios más mediáticos desarrollados en los últimos años en torno a temas sensibles para nuestra sociedad: legalización de la unión civil para personas del mismo sexo; despenalización del aborto en casos de violación; incremento de la sanción penal para crímenes de odio; entre otros. Muchos ciudadanos que no estuvimos de acuerdo con la decisión que finalmente se tomó al interior del Congreso (rechazo del proyecto de unión civil y de la despenalización del aborto, así como la derogación de la agravante para los crímenes de odio) vimos restringida la difusión de nuestra disconformidad, la que probablemente quedó difuminada en el espacio público con el paso del tiempo.

Frente a la sensación de pesimismo y desconfianza hacia la democracia en general, y hacia la actividad legislativa en particular, es importante llamar la atención sobre una propuesta que busca construir una teoría racional de la legislación que no se limita a describir los juicios que son emitidos durante el proceso legislativo, sino que ofrece también una reflexión crítica sobre ellos. A esta teoría se le conoce como Legisprudencia, y ha sido desarrollada, entre otros autores, por Luc J. Wittgens[2], quien plantea una serie de principios y deberes que limitarían en cierta medida el ámbito de decisión del legislador.

Con dicho objetivo se propone explorar la posición del legislador como actor político cuya actividad está definida por un conjunto de normas, entre las que están las de tipo jurídico-constitucional, pero donde sobre todo resaltan las normas de poder. Esta perspectiva se opone a la noción abstracta del legislador racional proveniente de la teoría del contrato social. En contraste, en el ámbito de justificación del parlamentario, se debe tener en cuenta una racionalidad situada, y en tanto tal, limitada por cuestiones como la falta de información, capacidades, recursos, la influencia partidaria, y el sesgo de los intereses individuales. Es justamente esta racionalidad situada la que se busca analizar al momento de evaluar un debate parlamentario.

En relación con ello, otro de los autores que expone con claridad las posibilidades de dicho análisis es Manuel Atienza, quien a partir de una aproximación multinivel, propone detectar diversas clases de racionalidad a las que debería limitarse el contexto de justificación de la decisión legislativa. En ese sentido, sería posible analizar la interacción de la racionalidad de tipo comunicativo, jurídico-formal, pragmático, teleológico y ético, con la idea de potenciar la coherencia legislativa, o al menos evitar, en la medida de lo posible, que se incurra en irracionalidad[3].

Sin entrar a una exposición detallada de estas propuestas teóricas y de otras similares, lo que buscamos al mencionarlas aquí es llamar la atención de aquellos ciudadanos comprometidos con la idea de una participación política mucho más seria y efectiva. Si bien, las herramientas como las que se desprenden de la Legisprudencia pueden parecer inicialmente de un uso mucho más técnico que masivo, lo importante es buscar hoy en día nuevas formas de ejercer ciudadanía de una manera más real y menos cómoda. En ese sentido, las propuestas mencionadas de forma general pueden ayudar a ampliar el marco de posibilidades en dicha búsqueda.

Notas

[1] CUONO, Massimo. “Representación política”. En: Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad. Universidad Carlos III de Madrid: N° 4, 2014, pp. 163-177. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/viewFile/2101/1034

[2] WITTGENS, Luc J. “Legisprudence as a New Theory of Legislation”. En: Ratio Juris, N° 19, 2006, pp. 1-25.

[3] ATIENZA, Manuel. “Contribución para una teoría de la legislación”. En: Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, N° 6, 1989, pp. 385-403.

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