Antipolítica neoliberal a la peruana

Por Sebastian León

Hace ya casi dos meses dos jóvenes trabajadores, Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán, murieron en un incendio en la galería de Las Malvinas, encerrados en un contenedor de metal por su empleador. En el gobierno y en los medios se condenó el hecho, rechazando el trato inhumano al que estuvieron sometidos los jóvenes y haciendo un llamamiento a la indignación generalizada (apelando a la humanidad de “todos nosotros”, independientemente de convicciones e intereses)[1]; se coincidía en que un hecho como aquel no debió ocurrir nunca ni debía volver a ocurrir. En el congreso, sin embargo, solo la bancada del Frente Amplio (todavía sin dividirse en aquellos días) buscó ir más allá de señalar al responsable directo y buscar causas más estructurales, manifestándose sobre la necesidad de un fortalecimiento de la fiscalización, de las multas y de la rigidización laboral; para el resto de representantes políticos, el 80% de la prensa y el sector empresarial, el problema era el contrario: lo realmente urgente era persistir en el proceso de desmantelamiento de un aparato estatal que, supuestamente, con sus regulaciones estrangula a emprendedores pequeños y grandes en el sector privado. El Comercio, principal diario de nuestro país, sacaba poco después una editorial titulada “Persistir en el error”, en el que condenaba al Frente Amplio por “aprovechar políticamente las circunstancias” y, sobre todo, por “insistir (en su defensa de los derechos laborales) en el error que en parte da origen al problema”[2].

Ya antes de la tragedia de Las Malvinas, y hasta la fecha, las calles de nuestro país han sido escenario de la indignación de hombres y mujeres en distintos ámbitos del sector laboral: huelgas de trabajadores azucareros, de médicos, enfermeras y obstetras en el sector salud, de mineros y trabajadores siderúrgicos, y más recientemente de docentes. Esta última, en particular, ha ganado cada vez más apoyo pese a su representación negativa en los medios de comunicación, y estaría poniendo en aprietos al gobierno. La estrategia gubernamental para lidiar con la protesta ha consistido en su criminalización: las demandas de los maestros no solamente serían poco realistas (el alza de los salarios, aumentar el gasto público en educación, adaptar las evaluaciones a la realidad magisterial), sino que estarían motivadas por “ideologías violentistas” pertenecientes a los remanentes de organizaciones terroristas como el PC-Sendero Luminoso. Así, la filiación de un sector de los maestros a agrupaciones como Movadef y Conare ha servido a los defensores del modelo como un medio para acallar los reclamos. El Presidente Kuczynski habría ido más allá al ponerlo en los siguientes términos: lo que deslegitima la huelga magisterial es ante todo el que su motivación sea “política más que pedagógica”.

El intento de dialogar con los maestros llegó mal y tarde, pues antes que negociar con los verdaderos representantes de la protesta, el gobierno ha preferido conversar con los dirigentes de un aburguesado SUTEP, hace ya tiempo desbordado por sus bases. Las concesiones mínimas a las que el gobierno ha accedido (el alza de los salarios a 2,000 soles en los próximos meses), sin pasar por un proceso de negociación verdaderamente democrático, no ha sido suficiente para contener las manifestaciones, aún con el incremento de la represión policial. Voceros del statu quo, una vez más en la redacción de El Comercio, aún más extremos que los tecnócratas en el Palacio, han censurado la debilidad del gabinete por siquiera haber hecho el ademán de sentarse a dialogar con los huelguistas. Para la intelligentsia neoliberal, ante reclamos como los de los maestros (y, digámoslo, de los trabajadores en general) no se puede ceder un ápice.

Vemos que para los defensores de un modelo neoliberal cuyo agotamiento es cada vez más evidente, todo reclamo por parte de los trabajadores para mejorar sus condiciones es nocivo de antemano, por ser, en el fondo, reclamos “politizados”, y por poner trabas a las libertades irrestrictas de la clase empresarial. Se ve en el rechazo a la posibilidad de que el Estado intervenga para mejorar esas condiciones, y se ve en la idea de que la solución para acabar con la llamada “informalidad” (léase, con el trabajo en condiciones precarias, a menudo rayando la esclavitud, como fue el caso de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán) consistiría en no poner restricciones “poco realistas” en lo que respecta a las condiciones laborales, “flexibilizar” (esto es, la solución a la “informalidad”, pasaría por bajar la valla de la precariedad, haciendo menos exigentes las condiciones de la “formalidad”), y además pretender que estas medidas no beneficiarían ante todo a los grandes capitales[5]. Lo interesante es que se pretenda que este rechazo no es, él mismo, politizado, que se busque hacer pasar los intereses del sector empresarial por una realidad económica objetiva, transversal a la clase socioeconómica, como si realmente lo que beneficia a las élites fuera beneficioso para todos por igual, independientemente de intereses y convicciones particulares, y que si los trabajadores no asumen esos intereses y convicciones como propios, están “ideologizados”.

Ante la (cada vez más desesperada) operación ideológica neoliberal que busca separar la esfera de lo económico de la de lo político, buscando blindar los espacios donde las élites económicas han depositado sus intereses frente a toda posible disputa, contestación o alternativa, se hace cada vez más comprensible que los trabajadores comiencen a abrazar sin culpas el momento de verdad política que subyace a sus reclamos: el actual orden político representa únicamente la voluntad de una minoría. Como tantos otros productos que falsamente los empresarios nacionales nos han tratado de vender como si se tratara de otra cosa (leche que no es leche, chocolate que no es chocolate), el Perú, nuestra democracia, no es realmente una democracia, no importa cuánto nos lo digan y cuánto hayamos querido creerlo en algún momento. ¿Tomar cartas en el asunto va más allá de lo “meramente” laboral, hacia el territorio de lo político? Entonces quizá haya llegado el momento de politizar los reclamos.

Notas

[1] En un texto publicado en el Diario Altavoz, la joven liberal Astrid Medianero comenta que “todos y cada uno de nosotros debería sentirse obligado por sus propios principios a no arriesgar la vida de nadie” ni a “maltratarlos” o violar “la dignidad humana”, afirmando asimismo que lo ocurrido es una lección “para todos nosotros” y que “los culpables somos todos”:  http://altavoz.pe/2017/06/30/25361/victimas-y-victimarios-por-astrid-medianero-

[2] Irónicamente, El Comercio cuenta la anécdota de la ortodoxia comunista en la URSS, que insistía en que el fracaso del modelo económico se debía a que no se le había aplicado con suficiente eficiencia, sin percibir que esta historia parece reflejar más su propia defensa del agotado modelo neoliberal que la posición de los parlamentarios del FA: http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-persistir-error-439061

[5] El sociólogo y economista Omar Cavero lo pone con mucha elocuencia en un artículo reciente publicado en La Mula: “Hoy existe informalidad laboral en el sector formal y la regulación es tan poco exigente con la formalidad que ésta se ha ‘informalizado’ (es como aprobar un curso con 05 en vez de con 11 y creer que así mejoró el desempeño académico)”. En el artículo Cavero se pone en cuestión, con datos y muy buenos argumentos, la validez de la dicotomía “formalidad/informalidad como categorías para analizar la realidad social: https://omarcavero.lamula.pe/2017/06/29/la-informalidad-mato-a-los-obreros-del-incendio-en-las-malvinas/omarcavero/.

Créditos de la imagen: cloudfront.net

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