Ir por todo: La ciudad y los trabajadores

Por Tania Herrera

Jorge Luis Huamán (19) y Jovi Herrera (23), dos jóvenes que murieron en el incendio de la galería Nicolini, en el Cercado de Lima. Sus cortas edades despiertan vivamente la indignación. ¿Cómo evitar que esto se repita? Se avivan los debates sobre si es preferible tomar el poder –local, nacional–, o primero se debe mejorar las condiciones de los trabajadores, vía la creación y fortalecimiento de los sindicatos. Latente tensión (Trentin, 2013) que tal vez ayude a pensar la proliferación de eventos que convocan a movilizaciones contra la Ley Pulpin 2, contra Castañeda, contra el neoliberalismo, el indulto a Fujimori, la insuficiente fiscalización laboral por parte de la SUNAFIL y un largo etcétera. Con esperanza de aportar a un análisis que sume a la movilización social, propongo distinguir dos escalas en nuestro esfuerzo por comprender qué está pasando y a quién le compete qué responsabilidades políticas. Para ello, me parece fundamental  decir algunas cosas sobre la escala nacional (competencias del Estado, los ministerios) y la escala local (competencias de las provincias y distritos). Mi argumento central es que, si bien los gobiernos locales carecen de competencias para regular en materia económica, por medio de políticas urbanas alternativas [1], pueden confrontar regímenes laborales precarizadores impuestos por la escala nacional. Así, apuntando a revertir las políticas neoliberales –sean estas nacionales o locales– en políticas alternativas, no tenemos que elegir entre la defensa de los trabajadores o de la ciudad.

Tanto en la Constitución de 1993, como en la Ley de Bases de la Descentralización, se sostiene que la escala nacional es responsable de la competencia en materia económica (moneda, banca y seguros). La defensa del libre mercado, si bien es tarea de todas las escalas de gobierno, requiere regulación por parte del Ejecutivo. De ello se desprende, hoja por hoja, la política laboral, los paquetazos que fomentan la precarización de los trabajadores peruanos, así como la flexibilización de las garantías y derechos laborales. Compete a los ministerios la creación de instrumentos sectoriales que puedan incidir en la fiscalización a empresas e incentivar la formalización a escala del territorio nacional. Es decir, la creación de políticas que sirvan para supervisar tanto a las empresas ganaderas en Huata, Puno, como a las empresas de venta de zapatos en La Victoria, Lima. Las políticas de flexibilización de los derechos laborales, que se aprueban regularmente en el Congreso, afectan tanto a jóvenes de la capital peruana como a jóvenes del Altiplano puneño.

Las medidas de reactivación económica, aparecidas periódicamente en El Peruano, dan cuenta de que nos encontramos ante un panorama que es cualquier cosa menos un laissez faire. Se trata, más bien, de un laissez faire direccionado, algo que dos profesores de geografía y economía política denominan roll-out neoliberalismo (Peck y Tickell, 2002), símil de la alfombra roja desplegada en un evento de gala para que pasen los famosos. Este concepto refiere a los momentos creativos del neoliberalismo, es decir, a todas las maniobras extendidas por el Estado capitalista en beneficio del crecimiento económico: nuevos instrumentos de gobernanza, regulación de la economía o mayor intervencionismo. Generalmente, estas medidas de economía política siguen a medidas de carácter más bien destructivo, donde prima el desmantelamiento de derechos y el reforzamiento del trabajo precario (roll-back neoliberalismo o retroceso, el repliegue de la alfombra roja). Aunque el análisis y la metáfora fueran hechos para Reino Unido y Estados Unidos, frente a las políticas de desmantelamiento del Estado de bienestar llevadas a cabo en los años 70 por Thatcher y Reagan, bien han hecho algunos en advertir que tales experimentos neoliberales comenzaron en Latinoamérica, y específicamente en Chile (Harvey, 2007). En fin, valga esto para decir que no estamos en la ley de la selva. Estamos bajo la ley del mercado.

Mientras que la neoliberal Constitución del 93 y sus leyes lo permitan, poco podrá hacerse por defender los derechos laborales desde la escala municipal. De hecho, las competencias que le otorgan la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la Descentralización restringen la acción local en muchos ámbitos, un ejemplo son las políticas de vivienda y laborales. En relación a las últimas, el rol de los municipios se restringe a la defensa de la zonificación y al otorgamiento de licencias de funcionamiento, previa supervisión de Defensa Civil. Ilustran estas competencias las imágenes del decomiso (o despojo) de carretillas de venta de comida, la prohibición del comercio ambulatorio y el despeje de un exceso de comerciantes informales que trabajan en la vía pública. Ciertamente, es responsabilidad de los gobiernos locales y de la unidad de fiscalización y control, con intervención de las subgerencias de Defensa Civil, velar porque en la ciudad existan condiciones óptimas para el ejercicio de actividades que requieren de un permiso especial. Así, si un contenedor se encuentra en una galería cuya zonificación avala el ejercicio de actividades comerciales, obviamente debería ser fiscalizado por las autoridades municipales y clausurado al no contar, mínimamente, con un extintor, con un botiquín de emergencia y un plan de evacuación en caso de sismo o incendio.

Sin embargo, un gobierno local que se tome en serio la justicia social sí pondría en marcha políticas urbanas alternativas. Estas deberán ser iniciativas portadas por movimientos sociales (y no recetas impuestas por expertos internacionales), donde el énfasis esté en favorecer a las clases populares presentes en la ciudad y en limitar el desarrollo desigual, pues el crecimiento económico no será el principio motor de las acciones locales (Béal y Rousseau, 2014). Además, deberán buscar activamente ampliar las competencias municipales y el margen de maniobra local en beneficio de los habitantes de la ciudad. Esto implica el reconocimiento de problemas –resaltados por los ciudadanos organizados y movilizados– y de responsabilidades municipales, lo que debe derivar en el compromiso del equipo municipal para resolverlos (Herrera, 2017). El nacimiento de las políticas urbanas alternativas es posible en un escenario de intensa movilización social, frente a un gobierno permeable a las demandas de la población y solidario con sus reivindicaciones.

Finalmente, contestar las políticas neoliberales desde la ciudad es posible y, ahora más que nunca, necesario. Por eso, es saludable que las demandas por políticas urbanas alternativas estén presentes en movilizaciones contra la precariedad laboral, y viceversa. Defender a los trabajadores es comprometerse con la erradicación de las termitas de la corrupción que devoran instituciones y asesinan, así como con todo discurso emprendedurista del do it yourself, falsificador de la vida misma. Defender a los trabajadores también es pensar en una intensa fiscalización a empresas, en otras formas de producción, en experiencias de trabajo cooperativo; apostar por servicios públicos de calidad y extensivos a toda la ciudad, sin privilegios para ciertos grupos; un sistema de transporte eficiente que permita viajar dignamente, reducir el tiempo de viaje y disponer así de mayor tiempo para realizar las actividades que queramos; la reducción de vulnerabilidades y de peligros en las viviendas, en espacios de trabajo y en la vía pública; la defensa de los espacios públicos para el encuentro, el ocio, el juego. Si el neoliberalismo cala y precariza nuestras vidas por arriba y por abajo, será al final de la calle donde nos encontraremos.

Nota

[1] Tal como las definen Vincent Béal y Max Rousseau, las políticas urbanas alternativas son iniciativas, prácticas o proyectos respaldados por las municipalidades y que buscan organizar un desarrollo urbano que se aleje de los cánones del empresarialismo (Béal y Rousseau, 2014).

Fuentes

Béal, Vincent y Rousseau, Max, “Alterpolitiques!”, Métropoles, n°15, 2014.

Harvey, David, Breve historia del Neoliberalismo, Madrid: Akal, 2007.

Herrera, Tania, “La mediación como alternativa. Política de vivienda y regulación de la emergencia habitacional en Barcelona”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XXI, nº 566, 2017.

Peck, Jamie y Tickell, Adam, “Neoliberalizing Space”, Antipode, 2002, p.380-402.

Trentin, Bruno, La ciudad del trabajo. Izquierda y crisis del fordismo, Albacete: Editorial Bomarzo, 2013.

 

Créditos de la imagen: Jhonel Rodríguez

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