Historia de dos democracias

Por Sebastián León

Entre los triunfos de la modernidad, quizá el que más valoramos sea el de la democracia como sistema de gobierno, frente a distintos modelos autoritarios o estamentales de organización política. Tras la caída de la Unión Soviética y el bloque socialista oriental se habló muchísimo de una victoria definitiva de la democracia liberal, y de cómo la izquierda debía abandonar sus coqueteos con la “dictadura del proletariado” para abrazar la preocupación liberal de restringir el poder del Estado, apelando a la sociedad civil y la opinión pública como emblemas de una esfera social liberada de coacciones verticales. Hoy por hoy, pocos pondrían abiertamente en entredicho el sentido común de que la democracia tiene un valor intrínseco.

Ahora, la tradición liberal suele vincular el triunfo de la democracia en la modernidad con el nacimiento de la economía capitalista, considerada por sus abanderados como la instancia por excelencia para el florecimiento de la individualidad (en permanente oposición a la coerción política). Habría que ser miope para negar la existencia de dicho vínculo histórico, pero pienso que los liberales se apresuran demasiado cuando identifican la democracia y el “triunfo” de la libertad con una narrativa sobre la protección del individuo privado (y su propiedad) frente a la esfera pública estatal.

En esta narrativa aparecen como hitos democráticos eventos como la promulgación de la Carta Magna, la Petición de Derecho o el triunfo de la Casa D’Orange en la Inglaterra de 1688, ensalzados como momentos decisivos en la lucha por imponer las libertades individuales a las ambiciones autoritarias de los monarcas. La ironía no reside únicamente en el hecho de que, en aquellos tiempos, los impulsores de estos hitos históricos habrían rechazado con vehemencia la etiqueta de “demócratas”, sino en que se trataría de sucesos que más que un triunfo de la libertad, nos pondrían de cara ante el progresivo fortalecimiento de los privilegios de las clases propietarias aristocráticas frente al poder del Estado.

Si en Roma y el resto del mundo antiguo eran el Estado y sus instituciones quienes tenían el poder de extracción y apropiación sobre el trabajo de los pequeños productores y las clases campesinas, en el Medioevo ese privilegio pasó a ser exclusividad de los terratenientes; lo que los liberales suelen entender como la liberación de los campesinos frente a los abusos de los señores feudales (su inserción en el pujante mercado como trabajadores asalariados) puede verse también como la expropiación de las tierras que trabajaban y la ruptura de los vínculos comunitarios que habían sido su único contrapeso contra el poder de la aristocracia (quedando las propiedades listas para ser rentadas a los primeros “emprendedores”).

Originalmente, este triunfo de las relaciones de propiedad capitalistas no fue de la mano con una forma de gobierno que pudiera llamarse democrática: los ímpetus democráticos venidos desde abajo fueron aprovechados por las clases propietarias para derrocar a más de un monarca, pero no podían consolidarse en un orden político a riesgo de sembrar el caos y la decadencia social; se pensaba que a las clases populares se les hacía un favor dejando los intereses de la nación en manos de quienes no estaban llamados a trabajar para vivir, sino a cultivar la virtud cívica y a dirigir (dando a los primeros la oportunidad de ser productivos). Si las oligarquías económicas modernas pudieron eventualmente reclamarse democráticas fue gracias a la indiferencia del capitalismo frente a las diferencias extraeconómicas entre los individuos; el rol desempeñado en la estructura económica capitalista pasó a ser algo completamente independiente de las identidades personales o sociales. Fue así que surgió una forma específicamente moderna de concebir la ciudadanía, en la que la identidad cívica queda disociada de la clase socioeconómica y sin embargo, en tanto que la capacidad de los capitalistas de apropiarse del trabajo de los asalariados no depende de ningún status jurídico o cívico privilegiado, se mantiene intacta la desigualdad socioeconómica. Con dicha asimetría fundamental en el seno de las democracias modernas, la idea de la representación pasaría a convertirse en un filtro social que permite poner los intereses de la ciudadanía en manos de los “más preparados para sacar adelante a la nación”[1] (que en el sentir liberal, suelen coincidir con los más dispuestos a administrar los intereses de los ricos). De ese modo adquiere sentido cómo, en un contexto como el nuestro, el levantamiento de una comunidad campesina en contra de una transnacional minera puede llegar a ser reprimido en nombre de los derechos “democráticos” de la minera.

Ahora bien, la tradición liberal no sería la única tradición democrática moderna. Hay una segunda tradición incluso más antigua en sus raíces, que se remontarían a la vieja democracia ateniense. Y es que si bien los atenienses inventaron una concepción de la ciudadanía en la que también se abstraía de las distinciones de clase, ellos no podían separar el poder social o económico del poder político; la democracia ateniense nace en el momento en que el demos (esto es, el pueblo) queda integrado a la comunidad política, no solo proveyendo a las clases campesinas y artesanas de derechos políticos, sino protegiéndolos de los mecanismos de extracción, apropiación y explotación a las que históricamente han estado sometidos los campesinos y pequeños productores, igualando significativamente la asimetría de poder entre productores y  propietarios (no es gratuito que Aristóteles se refiriera despectivamente a la democracia como un “gobierno de los pobres”)[2]. En ese sentido concreto, la democracia ateniense fue una anomalía histórica en el mundo antiguo.

Entre los representantes modernos de una política democrática en ese sentido se encuentran los jacobinos, difamados largamente por la tradición liberal, pero que lucharon violentamente junto a las masas empobrecidas de Francia contra una clase media rentista que buscaba sacar partido a la revolución para favorecer sus intereses económicos, que pretendía reservar los derechos políticos a quienes podían solventarlos (distinguiendo entre “ciudadanos activos” y “pasivos”), mantener la esclavitud en las colonias, y que desde un inicio no tuvo reparos en hacer concesiones a la vieja aristocracia para garantizar sus nuevos privilegios; tenemos también a la corriente antiesclavista radical en los EE.UU., que exigía la abolición inmediata de la esclavitud en todos los estados de la Unión (en contraste a la posición gradualista de los liberales); también a los movimientos socialistas, marxistas y anarco-sindicalistas, que buscaron acabar con las distancias entre trabajadores y capitalistas a lo largo de los siglos XIX y XX; a las formas de igualitarismo radical surgidas en la lucha por los derechos civiles durante el siglo pasado, y en un contexto más local, a la revolución velasquista: no hace falta siquiera entrar en los necios debates de predilección liberal sobre si la reforma agraria favoreció o no a la economía del país, pues al abolir de manera inmediata las relaciones semifeudales vigentes y poner las tierras en manos del campesinado, el gesto del gobierno velasquista fue eminentemente democrático.

haitian democracy

En el contexto latinoamericano también podríamos incluir a la revolución cubana, y más recientemente a la bolivariana en Venezuela. Quienes se hallan a la derecha del espectro político se esfuerzan por desconocer, cuando no distorsionar, la realidad sobre los importantes logros de ambos procesos, tanto en lo relativo al bienestar material como al empoderamiento político de sectores históricamente oprimidos. El caso de Venezuela es particularmente importante si además consideramos la radical transformación de su sistema político, mucho más abierto y democrático de lo que fuera mientras estuvo en manos de la clase oligárquica (responsable de miles de muertes en el Caracazo del 89 y del golpe de estado contra Chávez en el 2002, frenado por la intervención de las masas populares) que incluso antes de la actual crisis los liberales han querido vender como abanderada de la libertad y los derechos humanos[3].

Como se ve, esta otra tradición, que podríamos llamar radical, es bastante heterogénea, pero compartiría la intención de utilizar la política como un medio para enfrentar la desigualdad en su raíz material, esto es, para franquear los abismos que las relaciones de propiedad imponen entre los pobres y los ricos. Actualizar el ideal democrático en la modernidad exigiría mucho más que una valoración de una serie de derechos formales: se trataría sobre todo de hacer valer el imperativo político de  que la libertad solo puede existir entre iguales, y que donde reinan diferencias concretas que favorecen a unos pocos, la creación política de esa igualdad (lo que los filósofos han llamado “justicia”) haría necesaria la abolición efectiva de esas diferencias en el presente. Por ello habría que reconocer sin mala conciencia que, contra lo que a los liberales les gusta pensar, la democracia (el poder del pueblo) no nace del plácido consenso entre desfavorecidos y privilegiados de que a la larga las mismas condiciones pueden favorecerlos a ambos, sino del conflicto entre los que tienen como su interés principal la igualdad y los que tienen por prioridad el mantenimiento de su dominio.

Referencias

Meiksins Wood, E. (2000). Democracy Against Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.

[1] Uno puede hallar esta idea de manera bastante explícita en escritos de padres de la patria estadounidenses como Alexander Hamilton o James Madison (representantes de la facción “federalista” o “antidemocrática” durante la revolución estadounidense). Ver Federalist n°10 y 35.

[2] Como en la modernidad, tal forma de concebir el gobierno a partir de la igualación entre ricos y pobres encontró numerosos opositores entre los estratos privilegiados, quedando el registro de los argumentos más sofisticados en la tradición filosófica griega; su esencia puede resumirse hoy igual que entonces: “qué podría saber quien se ve forzado a dedicar todo su tiempo a trabajar sobre los verdaderos intereses de la mayoría”. Aristóteles eleva a su culmen el desprecio aristocrático de la masa cuando señala que la única diferencia entre un esclavo y un asalariado es que el segundo sirve directamente a la comunidad, mientras que el esclavo está sometido al capricho de su amo.

[3] Fue el expresidente estadounidense Jimmy Carter, a quien difícilmente alguien podría calificar de socialista, quien habría alabado al sistema electoral (institución insignia de la concepción liberal de la democracia) venezolano como “el mejor del mundo”. El importante incremento después del año 1998 del número de venezolanos que confían en su sistema político como un medio para promover el cambio social, y entre aquellos involucrados activamente en política también daría testimonio de esto. Ver la base de datos de Latinobarometro (www.latinobarometro.org).

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