Disonancia y crítica social. La marcha por la vida como defensa de la inconsistencia

Por Gianfranco Casuso

El 12 de marzo de 2015 se aprobó en el Parlamento Europeo, por 350 votos contra 151 y 97 abstenciones, el Informe “Panzeri” sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, donde se consagra, como derechos humanos, el derecho al aborto y la unión civil para personas del mismo sexo. Ello fue el resultado de una búsqueda histórica de congruencia entre principios generalmente aceptados y determinadas normas concretas que deben realizarlos.     

El 21 de marzo de ese mismo año, en Lima, se realizó la primera de una serie de manifestaciones que rechazan el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el derecho a la igualdad jurídica. Esta convocó a cerca de medio de millón de personas y, aunque las cifras han menguado algo desde entonces, el número de personas que apoya dicha idea sigue siendo considerable. Una cantidad sorprendente, sobre todo si consideramos que se trata de una movilización para mantener un estado de cosas y no para transformarlo.

Una manifestación puede tener un sentido crítico y buscar llamar la atención sobre contradicciones sociales que, no obstante, han pasado desapercibidas hasta el momento. Por ejemplo, que negar a alguien la posibilidad de planificar su vida unida legalmente a la persona que quiere, contradice los valores liberales, socialmente aceptados, a la libre elección y a la igualdad ante la ley. La premisa es que dentro de un mismo sistema mental dos creencias incompatibles no pueden ser igualmente válidas: una debe ser necesariamente falsa. Hacer que los sectores más conservadores reflexionen sobre estas inconsistencias y modifiquen su sistema de creencias es la más importante función social de una protesta ciudadana. Idealmente, el resultado de ello debería ser que, si alguien quiere seguir creyendo en tales principios liberales, tendría que aceptar como falsa la creencia de que dos personas del mismo sexo no pueden estar unidos civilmente.

Lo que vemos con esta marchas es algo distinto: se trata de la defensa de que un sistema de creencias puede y debe ser internamente contradictorio e inconsistente. ¿Qué es lo que lleva a cientos de miles de personas a marchar por dejar las cosas como están? La razón no es política, ni siquiera moral, sino epistémica y psicológica: se trata de la renuencia, ciertamente patológica, a reconocer que el hecho de que nuestras propias creencias no sean compatibles entre sí puede generar momentos de crisis difíciles de soportar para la mayoría de las personas. En efecto, en el momento en que uno reconoce que su mente está albergando dos creencias contradictorias, lo normal es que se tienda a resolver esa contradicción, modificando una de tales creencias. De lo contrario, tal disonancia cognitiva dificultará que podamos tomar decisiones y actuar racionalmente.

Eso es lo ideal. Pero no es poco frecuente que, como recurso estratégico para evitar dicha disonancia, muchas personas simplemente se amparen en meta-creencias de naturaleza incontrovertible, las cuales sirven como una mega-estructura a cuya luz todo, incluso las más aberrantes contradicciones, está legitimado de una vez y para siempre. Por ello la conservación de un sistema monolítico de creencias no pocas veces es preferible al cambio, por eso una narrativa religiosa o cultural que se pretende homogénea y sin fisuras (aunque esté realmente plagada de contradicciones ocultas) logra convocar a muchas más personas que una causa social que podría alterar no solo el orden sino nuestra propia concepción del mundo. El riesgo que se corre al detectar y aceptar las grietas en nuestros sistemas de creencias es grande: desestabilidad, bloqueo temporal de la agencia, incertidumbre. No obstante, si el fin es la construcción de una sociedad más justa, todo eso puede valer la pena.

Tanto las sociedades totalitarias como las democráticas se sostienen sobre ciertas verdades que buscan defender. Lo que diferencia a unas de otras no es, pues, su interés en mantener el statu quo, sino el modo en que lo hacen y qué tan permeables logran ser al cambio sin poner en riesgo su existencia.

Mientras que una sociedad abiertamente totalitaria tiene que luchar constantemente por reprimir muestras explícitas de desacuerdo, muchas veces con violencia extrema, una dictadura perfecta no necesita aplacar las voces discordantes, pues desarrolla mecanismos –como la cultura, la religión o los medios de masas– para homogeneizar a su población sin violencia y evitar que el desacuerdo se produzca siquiera: aquella asume que todos estamos de acuerdo en lo que es conveniente y correcto, que hay un consenso implícito de base y un conjunto de principios económicos, morales, jurídicos y culturales indiscutibles. Ese consenso que bloquea al desacuerdo es lo que algunos llaman erróneamente “paz social”.

A diferencia de una dictadura perfecta, donde se confunde la ausencia de alternativas con la paz y la discrepancia con el conflicto, una sociedad auténticamente democrática no es aquella donde no hay protestas, sino donde se lucha continuamente para que lo que a primera vista parece evidente, verdadero y absoluto pueda ser relativizado, considerado desde otra óptica y revelado como lo que realmente es: el producto contingente de acuerdos siempre revisables formados por voluntades humanas. La protesta social tiene un efecto multiplicador del desacuerdo y este último abre posibilidades e impide la permanencia de un pensamiento único.

Las protestas con esta finalidad crítica suelen convocar inicialmente a grupos pequeños, pues su rol es precisamente enfrentar a la opinión mayoritaria e ir creando espacios de disonancia hasta hacer que dicha mayoría comience a cuestionar sus propias creencias e incluso sus deseos, preferencias y gustos. Una protesta es siempre un fin en sí mismo: independientemente de lo que logre a largo plazo, hacer explícito el rechazo hacia algo que nunca antes se había puesto en cuestión es ya una victoria.

Créditos de la imagen: Youtube de Marcha por la Vida

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