Corrupción y acción estratégica

Por Enrique Sotomayor

En el contexto de las inundaciones, huaycos e intensas lluvias que se han sucedido en nuestro país desde el mes de enero, se difundieron noticias y reportajes sobre la situación en diversas regiones, en especial del norte del Perú. Un caso especialmente interesante es el de la región Tumbes, pues su cercanía con Ecuador nos permite plantear algunas comparaciones respecto de las medidas de prevención de desastres, y analizar aspectos vinculados a la infraestructura, tales como la calidad de defensas ribereñas, puentes o carreteras. Un reportaje emitido por el semanario Cuarto Poder el 19 de marzo muestra una comparación para el caso del río Zarumilla. En este, vemos que las defensas ribereñas del lado ecuatoriano permitieron una mejor protección que en el lado peruano, donde las defensas fueron inidóneas para impedir los embates de la crecida del río (y terminaron en el mar), y con ello además de los perjuicios a los agricultores de la zona, se perdió dinero del presupuesto del Estado.

Durante las últimas semanas hemos escuchado al presidente ecuatoriano Rafael Correa enfatizando en los efectos diferenciados que el mismo fenómeno –el niño costero– ha ocasionado en los dos países. No tenemos que creer todo lo que señaló Correa. Como algunos rápidamente apuntaron, la geografía y estructura de las cuencas hidrográficas en ambos países son distintas y requieren de medidas de prevención diferenciadas. Sin embargo, el caso del río Zarumilla muestra claramente que existe un núcleo de verdad en las declaraciones de Correa y sobre lo que deseo centrar mi análisis.

Los desbordes del río Zarumilla no admiten el argumento de que a diferente geografía corresponden diferentes medidas de prevención. Dicho río forma parte de la división de fronteras entre Perú y Ecuador, y claramente las medidas de prevención y gestión de desastres del lado ecuatoriano fueron más efectivas. A la falta de recursos humanos capacitados, incapacidad de gestión de desastres e incapacidad de ejecución del presupuesto público a nivel regional y local, se suma un problema más estructural: la corrupción.

El Perú tiene una larga y bien conocida historia de corrupción que autores como Alfonso Quiroz retrataron con precisión historiográfica en Historia de la corrupción en el Perú (IEP, 2013). La misma se ha consolidado como un elemento importante de la cultura nacional. Ahora bien, definir a la corrupción es una tarea difícil y diversos marcos teóricos y analíticos derivan de sus planteamientos diversas definiciones de la misma. De acuerdo a Von Alemann (2004) existen varios enfoques respecto de la corrupción, de los cuales me interesará tratar dos con cierto detalle: el primer enfoque ve a la corrupción como una forma de declive social, es decir, una forma de pérdida de virtud y valores políticos. La crítica usual a este enfoque consiste en señalar que asume que existió una suerte de era dorada, luego de la cual sobrevino la decadencia. Asimismo, se critica la amplitud del concepto, debido a que una serie de conductas de los funcionarios públicos y políticos que no correspondan a los valores políticos de un estado serían considerados corrupción. Con ello, es posible concluir que se pierde la funcionalidad del concepto.

En segundo lugar, quiero analizar el enfoque del comportamiento o conducta desviada. Para este enfoque, en la definición de Senturia (1931), la corrupción consiste en el mal uso de los recursos y poder público en beneficio privado. Con ello, las soluciones para la corrupción se vinculan más con el plano del diseño institucional que de la crítica moral o de valores. Esta premisa básica ha sido ampliamente explotada por especialistas de varios campos, y en especial de las ciencias sociales. Para el caso peruano y en el entorno judicial, Jaris Mujica (2011) ha identificado ciertos espacios idóneos para que se generen redes de corrupción. En estas redes, cada nodo o parte del sistema aprovecha la posesión de una parcela de poder –por más pequeña que esta sea– para beneficiarse de la misma. Los ejemplos en el poder judicial sobran: tramitadores, ventanilleros, secretarios o relatores judiciales, cada uno de ellos detenta funciones en las que se dispone de plazos, requisitos y tenor de las resoluciones. Cada uno de ellos aprovecha un recurso público asignado (por ejemplo, la capacidad de decidir si se recibe o no un escrito judicial) y obtiene un beneficio privado del mismo (recibir el escrito entregado a destiempo, previo pago de un soborno).

Las soluciones planteadas frente a la corrupción se han centrado en el segundo enfoque, descartando al primero como anticuado. Sin embargo, en la segunda estrategia se asume –implícitamente– una teoría de la elección racional respecto de los sujetos involucrados. El funcionario público –desde una perspectiva institucional– es tomado como un sujeto que siempre va a promover sus intereses privados cuando tenga la ocasión de hacerlo, y las instituciones se diseñan a partir de esta premisa. Sin embargo, la orientación puramente estratégica –y egoísta– de la acción del burócrata parece el resultado de un contexto social en el que se promueven valores como el individualismo y la competencia, incluso en el ejercicio de la ciudadanía. Si la esfera pública es la extensión de los espacios de competencia del mercado, el funcionario público no tendría porqué desaprovechar la gran oportunidad de emplear el poder de su cargo y generar un beneficio privado. El problema es que precisamente la gestión estatal –entendida como la gestión de un bien compartido– no debería estar sometida a la misma orientación estratégica de acción.

El diseño institucional no yerra al corto plazo, pero si no se logran transformar las creencias y valores de los funcionarios públicos cada nueva oportunidad brindada por un error de diseño será aprovechada por sujetos que han sido institucionalmente constreñidos pero que no han cambiado sus valores y cultura.

El problema dista de ser menor en el contexto que vive nuestro país. El gobierno de Fujimori nos enseñó lecciones que la corrupción del caso Odebrecht demuestra que no hemos aprendido: la corrupción genera enormes pérdidas monetarias, regresiones institucionales y gran desconfianza frente a la gestión estatal. Pero como las inundaciones de Tumbes grafican con insuperable claridad, la corrupción también puede matar, empobrecer o hacer míseras las condiciones de vida de muchos ciudadanos, y ello acarrea una responsabilidad moral que va más allá de las acciones penales contra funcionarios corruptos. En conclusión, cualquier política o acción contra la corrupción no puede prescindir de un enfoque sobre el declive social. Si bien las instituciones se deben diseñar esperando que los burócratas aprovechen las parcelas contingentes de poder, se debe esperar que a largo plazo su comportamiento no se base en el puro aprovechamiento privado de los bienes públicos. El Estado no es el mercado, y respecto del mismo no se cumple que la búsqueda del interés privado promueve el bien público. Si se piensa así, tal vez sirva ver el caso del alcalde de Chilca y su cancha privada de fútbol.

Referencias

Mujica, J., (2011), Micropolíticas de la corrupción. Lima: Asamblea Nacional de Rectores.

Quiroz, A., (2013), Historia de la corrupción en el Perú. Lima: IEP.

Senturia, J., (1931), Corruption political en E.R.A. Seligman (ed.), Encyclopaedia of the Social Sciences. Nueva York: MacMillan, pp. 448–452.

Von Alemann, U., (2004), The unknown depths of political theory: The case for a multidimensional concept of corruption en: Crime, Law & Social Change 42: pp. 25-43.

Créditos de la imagen: Fokus, miembro del colectivo Lima Foto Libre (http://www.limafotolibre.com/fokus/publicherry/)

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